(La Patria, 1 de Septiembre de 2008)
Mientras la economía norteamericana tambalea como consecuencia de la crisis en el mercado inmobiliario y el incremento en precios de bienes básicos como la gasolina, algunas cifras parecen indicar que algo similar está ocurriendo en el país. En efecto, las burbujas especulativas en el mercado inmobiliario tienen devastadoras consecuencias inmediatas y de mediano plazo para los habitantes de un país.
La primera de ellas es la destrucción del patrimonio familiar. Hoy por hoy se estima que dentro de las personas que compraron casa en los últimos cinco años en los EEUU, uno de cada tres debe más en su hipoteca de lo que vale su casa. La segunda, a nivel macro, es la restricción dramática en el crédito y por ende en la inversión.
La crisis se desata cuando la gente deja de pagar sus cuotas hipotecarias. Esto sucede o bien por una reducción en la actividad económica que genera desempleo o bien por un exagerado aumento en las tasas de interés que redunda en mayores pagos mensuales. Pero en realidad las crisis se originan en mercados inmobiliarios distorsionados. Esto es, la combinación de precios al alza por un tiempo considerable y un sistema financiero dispuesto a financiar a casi cualquiera que lo desee. Cuando los precios al alza no reflejan escases, su verdadero significado es especulación.
Repasemos las cifras. Primero, el crédito. A marzo de 2008, según el DANE, el valor de créditos entregados para compra de vivienda (nueva y usada) había crecido en un 220% respecto del mismo periodo de 2006. Este crecimiento es similar tanto para la cifra trimestral como para la del acumulado de doce meses.
Segundo, los precios de la vivienda nueva. Según el mismo DANE, a marzo de 2008 el valor del metro cuadrado con destino a apartamentos y casas, promedio anual, creció 13.8% y 10.9%, respectivamente. Con cifras tan alarmantes como Cali con 24.71% o Bucaramanga con 13.05% en promedio para todas sus respectivas áreas metropolitanas. Estas cifras de crecimiento en los precios no deben sorprender, de hecho durante todo 2007 los precios de la vivienda nueva crecieron a tasas superiores.
Ahora bien, el incremento en los precios de la vivienda no parece estar atado a costos al alza en los materiales de construcción. En los últimos doce meses el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda a julio de 2008, registró una variación del 7,13%. Este resultado es inferior en 0,39 puntos con relación al crecimiento acumulado del índice de precios al consumidor a julio de 2008 (7,52%).
Como explicar este dinamismo en el mercado inmobiliario sin un correspondiente boom de empleo o una drástica reducción de la pobreza? Bien sabido es que el gran lunar del crecimiento económico de los últimos años ha sido su sesgo anti-empleo. Peor aún las perspectivas de mediano plazo no son favorables para este mercado: tasas de crecimiento económico más bajas gracias a la desaceleración mundial y una creciente presión inflacionaria que será seguramente atacada con alzas en tasas de interés.
Comprar vivienda nueva en condiciones o precios que no corresponden a la realidad económica de una familia, no es una gran inversión, por el contrario es el camino más seguro hacia la pobreza.
martes, 26 de agosto de 2008
lunes, 18 de agosto de 2008
Regulación vs Capital Social
(La Patria, 25 de Agosto de 2008; El Mundo, Octubre 29 de 2008)
En esta época de batallas de “desconfianza” institucional entre el poder ejecutivo y el poder judicial, bien vale la pena reflexionar sobre los orígenes y los posibles efectos de este tipo de situaciones sobre nuestra sociedad y economía en general.
Un estudio reciente, catalogado, por lo demás, como uno de los mejores en lo que va corrido de 2008, elaborado por Philippe Aghion, Yann Algan, Pierre Cahuc y Andrei Shleifer (economistas de Harvard, la Escuela de Economía de París y la Escuela Politécnica CREST en Francia, respectivamente), encuentra una estrecha relación negativa entre regulación gubernamental y capital social.
Los países en los que las personas desconfían más de sus conciudadanos son aquellos en los que existen más controles y regulaciones. Por que? Los autores sugieren la existencia de dos tipos de dinámicas en una sociedad. Una en la cual la gente invierte en construir redes de confianza con los demás porque descubren que esto los hace más productivos y más cívicos, y otra, en la que los individuos deciden no invertir en capital social, haciéndose menos productivos y más problemáticos los unos para los otros.
Como fruto de la desconfianza las sociedades con bajo capital social deciden resolver sus problemas con más reglas en lugar de invertir en recuperar el capital social perdido. La regulación es a su vez encargada a líderes gubernamentales dotados de bajo capital social quienes bajo esta cultura y mandato de la desconfianza crean instituciones regulatorias que a su vez ratifican y amplifican la desconfianza.
Las instituciones regulatorias, por todos conocidas popularmente como “trabas burocráticas”, se convierten en impedimentos para el flujo de ideas, la innovación y la productividad de los individuos. Peor aún, esta cultura termina por permear al ciudadano de a pie. Con el tiempo los padres de familia y líderes comunitarios pierden el incentivo a invertir en el capital social de sus hijos y comunidades, transmitiendo el valor del respeto (o miedo a) por la autoridad por encima de los valores de la responsabilidad y el respeto por los demás.
Las sociedades convergen así a equilibrios perversos, dedicando inmensas cantidades de recursos físicos, financieros y humanos a cazar al tramposo y a castigarlo. Olvidando que el “tramposo” no nace, sino que se hace. Una solución obvia se encuentra entonces en recuperar el capital social invirtiendo en educación pública de alta calidad.
Si estos autores están en lo cierto, el choque entre los poderes le hace un flaco favor a nuestro capital social como país y a las posibilidades de nuestra economía de crecer en el largo plazo. Las trabas burocráticas detienen la innovación, la verdadera máquina detrás del desarrollo.
En esta época de batallas de “desconfianza” institucional entre el poder ejecutivo y el poder judicial, bien vale la pena reflexionar sobre los orígenes y los posibles efectos de este tipo de situaciones sobre nuestra sociedad y economía en general.
Un estudio reciente, catalogado, por lo demás, como uno de los mejores en lo que va corrido de 2008, elaborado por Philippe Aghion, Yann Algan, Pierre Cahuc y Andrei Shleifer (economistas de Harvard, la Escuela de Economía de París y la Escuela Politécnica CREST en Francia, respectivamente), encuentra una estrecha relación negativa entre regulación gubernamental y capital social.
Los países en los que las personas desconfían más de sus conciudadanos son aquellos en los que existen más controles y regulaciones. Por que? Los autores sugieren la existencia de dos tipos de dinámicas en una sociedad. Una en la cual la gente invierte en construir redes de confianza con los demás porque descubren que esto los hace más productivos y más cívicos, y otra, en la que los individuos deciden no invertir en capital social, haciéndose menos productivos y más problemáticos los unos para los otros.
Como fruto de la desconfianza las sociedades con bajo capital social deciden resolver sus problemas con más reglas en lugar de invertir en recuperar el capital social perdido. La regulación es a su vez encargada a líderes gubernamentales dotados de bajo capital social quienes bajo esta cultura y mandato de la desconfianza crean instituciones regulatorias que a su vez ratifican y amplifican la desconfianza.
Las instituciones regulatorias, por todos conocidas popularmente como “trabas burocráticas”, se convierten en impedimentos para el flujo de ideas, la innovación y la productividad de los individuos. Peor aún, esta cultura termina por permear al ciudadano de a pie. Con el tiempo los padres de familia y líderes comunitarios pierden el incentivo a invertir en el capital social de sus hijos y comunidades, transmitiendo el valor del respeto (o miedo a) por la autoridad por encima de los valores de la responsabilidad y el respeto por los demás.
Las sociedades convergen así a equilibrios perversos, dedicando inmensas cantidades de recursos físicos, financieros y humanos a cazar al tramposo y a castigarlo. Olvidando que el “tramposo” no nace, sino que se hace. Una solución obvia se encuentra entonces en recuperar el capital social invirtiendo en educación pública de alta calidad.
Si estos autores están en lo cierto, el choque entre los poderes le hace un flaco favor a nuestro capital social como país y a las posibilidades de nuestra economía de crecer en el largo plazo. Las trabas burocráticas detienen la innovación, la verdadera máquina detrás del desarrollo.
jueves, 14 de agosto de 2008
McCain TV Ad "Broken" transcript
Politicians are willing to say anything in order to get your vote...
"Washington is broken
John McCain knows it
We're worse off than we were four years ago
Only McCain has taken on big tobacco, drug companies, fought corruption in both parties
He'll reform Wall Street, battle big oil, make America prosperous again
He's the original Maverick
One is ready to lead
I am John McCain and I approved this message"
(POSTED 08.05.08 by the Campaign)
"Washington is broken
John McCain knows it
We're worse off than we were four years ago
Only McCain has taken on big tobacco, drug companies, fought corruption in both parties
He'll reform Wall Street, battle big oil, make America prosperous again
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miércoles, 6 de agosto de 2008
Autodiscriminación en el mercado laboral
(La Patria, Agosto 19 de 2008)
Uno de los temas de mayor controversia en el análisis socio económico de los mercados laborales es sin duda la existencia de discriminación hacia las mujeres. Un buen número de estudios sostienen qué existe diferencial salarial o de representación entre hombres y mujeres, especialmente en niveles medios y altos de las empresas y de las instituciones públicas, y qué este no es explicado por diferencias observables en términos de nivel educativo, horas trabajadas, y experiencia. En palabras simples, la discriminación consiste en que ante dos candidatos con iguales calificaciones pero de diferente sexo, la probabilidad de que el escogido sea un hombre es mayor.
Este tipo de evidencia ha servido de base para que se establezcan políticas públicas dirigidas a contrarrestar tal discriminación con leyes qué, por ejemplo, establecen la necesidad de tener un porcentaje mínimo de mujeres en ciertos niveles al interior de instituciones públicas, o la posibilidad de que una mujer pueda demandar legalmente a una entidad por no haber sido contratada o ascendida si puede demostrar que la decisión obedeció al hecho de ser mujer.
La discriminación, sin embargo, puede no ser externa sino interna. Esta conclusión, aun preliminar, proviene de nuevos estudios en el área de la economía experimental. Muriel Niederle y Alexandra Yestrumskas, investigadoras de Stanford y Harvard, respectivamente, sugieren la existencia de diferencias entre hombres y mujeres respecto de sus preferencias por trabajos con mayores retos e incertidumbre. A igual nivel de habilidad, parece ser que las mujeres se abstienen más que los hombres de elegir o aplicar a trabajos asociados con retos o riesgos desconocidos.
Las investigadoras encuentran que este diferencial en preferencias está asociado a diferencias en la autopercepción que hombres y mujeres tienen de su habilidad para trabajar en ambientes nuevos y con mayores retos, y en diferencias en actitudes respecto al riesgo y la incertidumbre en general. El estudio encuentra que mientras los hombres atribuyen con más frecuencia el fracaso en una tarea específica a la mala suerte y el éxito a su habilidad, las mujeres atribuyen con más frecuencia el fracaso en una tarea laboral a su habilidad y el éxito a la buena suerte.
Estos resultados amplían el rango de causas asociadas a los diferenciales salariales y de representación entre hombres y mujeres observados en el mercado laboral. Y cuestionan de manera importante el diseño de política pública en esta materia. Las autoras sugieren qué para evitar que mujeres con altas habilidades laborales se autodiscriminen, deben crearse normas sociales laborales según las cuales las mujeres puedan tratar diferentes tareas sin un compromiso inicial muy estricto. De esta manera las mujeres podrán valorar in situ su habilidad y eliminar o ratificar sus prejuicios iníciales respecto de su capacidad para ejecutar dicha tarea.
Uno de los temas de mayor controversia en el análisis socio económico de los mercados laborales es sin duda la existencia de discriminación hacia las mujeres. Un buen número de estudios sostienen qué existe diferencial salarial o de representación entre hombres y mujeres, especialmente en niveles medios y altos de las empresas y de las instituciones públicas, y qué este no es explicado por diferencias observables en términos de nivel educativo, horas trabajadas, y experiencia. En palabras simples, la discriminación consiste en que ante dos candidatos con iguales calificaciones pero de diferente sexo, la probabilidad de que el escogido sea un hombre es mayor.
Este tipo de evidencia ha servido de base para que se establezcan políticas públicas dirigidas a contrarrestar tal discriminación con leyes qué, por ejemplo, establecen la necesidad de tener un porcentaje mínimo de mujeres en ciertos niveles al interior de instituciones públicas, o la posibilidad de que una mujer pueda demandar legalmente a una entidad por no haber sido contratada o ascendida si puede demostrar que la decisión obedeció al hecho de ser mujer.
La discriminación, sin embargo, puede no ser externa sino interna. Esta conclusión, aun preliminar, proviene de nuevos estudios en el área de la economía experimental. Muriel Niederle y Alexandra Yestrumskas, investigadoras de Stanford y Harvard, respectivamente, sugieren la existencia de diferencias entre hombres y mujeres respecto de sus preferencias por trabajos con mayores retos e incertidumbre. A igual nivel de habilidad, parece ser que las mujeres se abstienen más que los hombres de elegir o aplicar a trabajos asociados con retos o riesgos desconocidos.
Las investigadoras encuentran que este diferencial en preferencias está asociado a diferencias en la autopercepción que hombres y mujeres tienen de su habilidad para trabajar en ambientes nuevos y con mayores retos, y en diferencias en actitudes respecto al riesgo y la incertidumbre en general. El estudio encuentra que mientras los hombres atribuyen con más frecuencia el fracaso en una tarea específica a la mala suerte y el éxito a su habilidad, las mujeres atribuyen con más frecuencia el fracaso en una tarea laboral a su habilidad y el éxito a la buena suerte.
Estos resultados amplían el rango de causas asociadas a los diferenciales salariales y de representación entre hombres y mujeres observados en el mercado laboral. Y cuestionan de manera importante el diseño de política pública en esta materia. Las autoras sugieren qué para evitar que mujeres con altas habilidades laborales se autodiscriminen, deben crearse normas sociales laborales según las cuales las mujeres puedan tratar diferentes tareas sin un compromiso inicial muy estricto. De esta manera las mujeres podrán valorar in situ su habilidad y eliminar o ratificar sus prejuicios iníciales respecto de su capacidad para ejecutar dicha tarea.
lunes, 4 de agosto de 2008
Obesidad: Prohibir, regular o informar
La literatura médica nos informa que la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar múltiples complicaciones, entre las cuales están: la hipertensión arterial; la diabetes tipo II; las enfermedades coronarias; y los cánceres de próstata, colon, endometrio y seno. La obesidad también ha sido asociada con dificultades del sueño, infertilidad y complicaciones en el embarazo. El mensaje es claro, la obesidad es un problema de salud pública.
Ante este escenario, algunos gobiernos locales, especialmente en países donde la incidencia del problema es mayor, empiezan a tomar acciones. El menú de medidas consiste en prohibir, regular, informar o cualquier combinación de las anteriores. Por ejemplo Nueva York y Boston ya prohibieron el uso de grasas insaturadas en los restaurantes. Similarmente San Francisco y Nueva York ahora exigen a las cadenas de comidas rápidas informar sobre el contenido calórico de sus productos.
No obstante la creatividad gubernamental amenaza con crecer en alcance. California acaba de prohibir el uso de de grasas insaturadas en todos los productos horneados que se vendan en el Estado. Y ahora, Los Ángeles está considerando una ley para prohibir la apertura de nuevos restaurantes de comidas rápidas en un perímetro de 50 kilómetros a la redonda de su jurisdicción.
El problema de la obesidad ejemplifica de manera perfecta las dos preguntas más relevantes para cualquier gobierno local. Debe intervenir? Y si esto es así, Cómo? Opino que las respuestas son “Si” e “Informando”.
Si la historia nos enseña algo, hemos aprendido que las políticas basadas en prohibir y regular, fracasan frecuentemente. Ante las prohibiciones la respuesta optima de los consumidores y los productores es la creación de mercados negros, los cuales aumentan los riesgos para ambos participantes en el mercado y los costos de hacer cumplir la ley. Los códigos regulatorios por su parte son escenarios perfectos para la ambivalencia, situación que es siempre hábilmente utilizada por aquellos que saben jugar al borde de los estatutos.
La información por su parte, sí es efectiva, puede generar el cambio de comportamiento deseado en los individuos, el fin último de la política pública. La información debe desincentivar la demanda por ciertos productos y llevarlos a que desaparezcan del mercado, sin necesidad de prohibirlos o regularlos. Las políticas basadas en informar a los ciudadanos sobre riesgos asociados a ciertos productos son además consistentes con el principio según el cual los individuos deben ser soberanos y responsables por sus propias decisiones. De otro modo, en concordancia con prohibir las grasas insaturadas, deberían prohibirse o regularse también los azúcares, los televisores, internet y los trabajos sedentarios, otras causas comprobadas de obesidad.
Ante este escenario, algunos gobiernos locales, especialmente en países donde la incidencia del problema es mayor, empiezan a tomar acciones. El menú de medidas consiste en prohibir, regular, informar o cualquier combinación de las anteriores. Por ejemplo Nueva York y Boston ya prohibieron el uso de grasas insaturadas en los restaurantes. Similarmente San Francisco y Nueva York ahora exigen a las cadenas de comidas rápidas informar sobre el contenido calórico de sus productos.
No obstante la creatividad gubernamental amenaza con crecer en alcance. California acaba de prohibir el uso de de grasas insaturadas en todos los productos horneados que se vendan en el Estado. Y ahora, Los Ángeles está considerando una ley para prohibir la apertura de nuevos restaurantes de comidas rápidas en un perímetro de 50 kilómetros a la redonda de su jurisdicción.
El problema de la obesidad ejemplifica de manera perfecta las dos preguntas más relevantes para cualquier gobierno local. Debe intervenir? Y si esto es así, Cómo? Opino que las respuestas son “Si” e “Informando”.
Si la historia nos enseña algo, hemos aprendido que las políticas basadas en prohibir y regular, fracasan frecuentemente. Ante las prohibiciones la respuesta optima de los consumidores y los productores es la creación de mercados negros, los cuales aumentan los riesgos para ambos participantes en el mercado y los costos de hacer cumplir la ley. Los códigos regulatorios por su parte son escenarios perfectos para la ambivalencia, situación que es siempre hábilmente utilizada por aquellos que saben jugar al borde de los estatutos.
La información por su parte, sí es efectiva, puede generar el cambio de comportamiento deseado en los individuos, el fin último de la política pública. La información debe desincentivar la demanda por ciertos productos y llevarlos a que desaparezcan del mercado, sin necesidad de prohibirlos o regularlos. Las políticas basadas en informar a los ciudadanos sobre riesgos asociados a ciertos productos son además consistentes con el principio según el cual los individuos deben ser soberanos y responsables por sus propias decisiones. De otro modo, en concordancia con prohibir las grasas insaturadas, deberían prohibirse o regularse también los azúcares, los televisores, internet y los trabajos sedentarios, otras causas comprobadas de obesidad.
jueves, 24 de julio de 2008
Biocombustibles: una mala idea
(La Patria, 28 de Julio)
El Presidente del Banco Mundial denomina la actual crisis en los precios de los alimentos como “un problema inventado por el hombre”. Tres factores se identifican como las causas. Por una parte están los precios de los combustibles, los cuales con su crecimiento sostenido de los dos últimos años han incrementado los costos de la agricultura. Por otra, esta la caída en inventarios gracias a sequias inesperadas en algunos países. Y por último, la reasignación de tierras y productos agrícolas para la producción de biocombustibles, maíz especialmente.
Recientemente Will Martin, economista sénior del Banco Mundial, estudio la contribución de cada uno de estos factores al incremento en los precios de los alimentos. Martin encontró que la demanda por alimentos en los países en desarrollo no ha cambiado sustancialmente, y que la contribución de los cambios climáticos ha sido baja. Según este mismo analista, lo que definitivamente ha sido un cambio fundamental en el mercado es el crecimiento del uso de productos agrícolas en la producción de combustibles.
Las consecuencias de altos precios en los alimentos son devastadoras. De acuerdo con el mismo Banco, 41 países han perdido entre 3% y 10% de su PIB en los últimos 18 meses. Además, esta entidad estima que 100 millones de personas han caído en la pobreza en los dos últimos años, engrosando los más de 2 billones de habitantes del planeta que viven en tal situación. Los niños son grandes perjudicados también, alrededor de 3.5 millones mueren anualmente por causa de malnutrición, y los que sobreviven sufrirán múltiples problemas de salud física y mental por el resto de sus vidas. Todo esto está documentado científicamente.
Los biocombustibles, de acuerdo a estas cifras, no resisten entonces el más mínimo y simple análisis costo beneficio desde la perspectiva de la sociedad mundial. Sus supuestos beneficios en términos de disminución del calentamiento global han sido cuestionados, no solo por su mínima contribución en cada galón de gasolina, sino por los bosques que han sido destruidos para dar paso a nuevas plantaciones.
La afirmación del Banco Mundial tiene gran sentido. Los biocombustibles son el más reciente invento de la humanidad con consecuencias nefastas para sí misma. Un invento que nació gracias a la letal combinación de la presión de grupos de interés por subsidios gubernamentales y a la creación de mercados inexistentes. Según la OECD la industria de biocombustibles depende intensivamente de subsidios públicos para su existencia, 11 billones de dólares en 2006 y 25 billones proyectados a 2015.
Los biocombustibles son un ejemplo más de porque los gobiernos no deben subsidiar productos específicos, los mercados saben hacerlo de manera más eficiente. (El reporte de la OECD se encuentra en http://www.oecd.org/dataoecd/19/62/41007840.pdf)
El Presidente del Banco Mundial denomina la actual crisis en los precios de los alimentos como “un problema inventado por el hombre”. Tres factores se identifican como las causas. Por una parte están los precios de los combustibles, los cuales con su crecimiento sostenido de los dos últimos años han incrementado los costos de la agricultura. Por otra, esta la caída en inventarios gracias a sequias inesperadas en algunos países. Y por último, la reasignación de tierras y productos agrícolas para la producción de biocombustibles, maíz especialmente.
Recientemente Will Martin, economista sénior del Banco Mundial, estudio la contribución de cada uno de estos factores al incremento en los precios de los alimentos. Martin encontró que la demanda por alimentos en los países en desarrollo no ha cambiado sustancialmente, y que la contribución de los cambios climáticos ha sido baja. Según este mismo analista, lo que definitivamente ha sido un cambio fundamental en el mercado es el crecimiento del uso de productos agrícolas en la producción de combustibles.
Las consecuencias de altos precios en los alimentos son devastadoras. De acuerdo con el mismo Banco, 41 países han perdido entre 3% y 10% de su PIB en los últimos 18 meses. Además, esta entidad estima que 100 millones de personas han caído en la pobreza en los dos últimos años, engrosando los más de 2 billones de habitantes del planeta que viven en tal situación. Los niños son grandes perjudicados también, alrededor de 3.5 millones mueren anualmente por causa de malnutrición, y los que sobreviven sufrirán múltiples problemas de salud física y mental por el resto de sus vidas. Todo esto está documentado científicamente.
Los biocombustibles, de acuerdo a estas cifras, no resisten entonces el más mínimo y simple análisis costo beneficio desde la perspectiva de la sociedad mundial. Sus supuestos beneficios en términos de disminución del calentamiento global han sido cuestionados, no solo por su mínima contribución en cada galón de gasolina, sino por los bosques que han sido destruidos para dar paso a nuevas plantaciones.
La afirmación del Banco Mundial tiene gran sentido. Los biocombustibles son el más reciente invento de la humanidad con consecuencias nefastas para sí misma. Un invento que nació gracias a la letal combinación de la presión de grupos de interés por subsidios gubernamentales y a la creación de mercados inexistentes. Según la OECD la industria de biocombustibles depende intensivamente de subsidios públicos para su existencia, 11 billones de dólares en 2006 y 25 billones proyectados a 2015.
Los biocombustibles son un ejemplo más de porque los gobiernos no deben subsidiar productos específicos, los mercados saben hacerlo de manera más eficiente. (El reporte de la OECD se encuentra en http://www.oecd.org/dataoecd/19/62/41007840.pdf)
lunes, 7 de julio de 2008
Legalización inesperada
(La Patria, Julio 14 de 2008)
Alejandro Gaviria escribía hace poco en su columna qué “Dentro del orden económico mundial, Colombia se ha especializado en la estimulación y el entretenimiento químico de las clases medias del primer mundo, bien sea en la forma de cocaína, de cafeína o de ambas.” En este orden de ideas, las tendencias mas recientes del mercado norteamericano en términos de demanda por “entretenimiento químico” pueden darnos luces acerca del futuro de este indeseable renglón en nuestras exportaciones.
Mucho se habla de la legalización como única solución al principal problema de Colombia. Una vez legalizadas las rentas deberían acabarse gran parte de nuestros problemas, asumiendo que el dinero del narcotráfico financia la mayor parte de las actividades criminales desestabilizadoras del país. Si esto es así, parece avecinarse una “legalización” inesperada del problema en el sentido amplio de la palabra.
La Comisión de Examinadores Médicos de la Florida acaba de publicar su análisis de autopsias de 2007 y en éste encuentra que la tasa de muertes causada por abuso de drogas legales, aquellas que se producen en laboratorios médicos y de venta en farmacias, es tres veces más alta que la asociada a todas las drogas ilegales combinadas.
Esta cifra no es aislada o nueva. De acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los EEUU y la DEA, el abuso de este tipo de medicinas presenta una tendencia creciente en Norteamérica. Cerca de siete millones de norteamericanos están abusando de estas, un incremento de ochenta por ciento en los últimos seis años.
Las drogas licitas de mayor abuso son los supresores de dolor, las medicinas para deprimir el sistema nervioso central recetadas para tratar la ansiedad y desordenes en el sueño, y los estimulantes, usados igualmente para tratar la narcolepsia y problemas de déficit de atención por hiperactividad.
Según edades, los mayores problemas se presentan en personas mayores de 65 años, pero la tendencia es más preocupante en jóvenes. Por ejemplo, en 2006, 2.7% de niños de octavo grado, 7.2% de décimo grado y 9.6% de aquellos en doceavo grado habían abusado de alguna de estas medicinas en el año inmediatamente anterior.
Los estudios en esta materia son aun escasos. Las razones que explican el crecimiento de esta nueva demanda por drogas licitas parecen estar asociadas con la aparente “seguridad” que estas ofrecen. Esta seguridad, en la mente de los consumidores, es entendida de dos maneras. Uno, son medicinas que fueron recetadas previamente por un medico. Dos, evitan los riesgos asociados a comprar drogas en la calle. Adicionalmente el acceso a estas drogas es fácil usando farmacias virtuales. Para los mas chicos el acceso esta en los gabinetes de sus padres o familiares.
Es difícil prever que tan poderoso sea este efecto substitución en la demanda por “entretenimiento químico” pero al menos la buena noticia es que le esta llegando fuerte competencia a nuestro indeseable primer producto de exportación.
Alejandro Gaviria escribía hace poco en su columna qué “Dentro del orden económico mundial, Colombia se ha especializado en la estimulación y el entretenimiento químico de las clases medias del primer mundo, bien sea en la forma de cocaína, de cafeína o de ambas.” En este orden de ideas, las tendencias mas recientes del mercado norteamericano en términos de demanda por “entretenimiento químico” pueden darnos luces acerca del futuro de este indeseable renglón en nuestras exportaciones.
Mucho se habla de la legalización como única solución al principal problema de Colombia. Una vez legalizadas las rentas deberían acabarse gran parte de nuestros problemas, asumiendo que el dinero del narcotráfico financia la mayor parte de las actividades criminales desestabilizadoras del país. Si esto es así, parece avecinarse una “legalización” inesperada del problema en el sentido amplio de la palabra.
La Comisión de Examinadores Médicos de la Florida acaba de publicar su análisis de autopsias de 2007 y en éste encuentra que la tasa de muertes causada por abuso de drogas legales, aquellas que se producen en laboratorios médicos y de venta en farmacias, es tres veces más alta que la asociada a todas las drogas ilegales combinadas.
Esta cifra no es aislada o nueva. De acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los EEUU y la DEA, el abuso de este tipo de medicinas presenta una tendencia creciente en Norteamérica. Cerca de siete millones de norteamericanos están abusando de estas, un incremento de ochenta por ciento en los últimos seis años.
Las drogas licitas de mayor abuso son los supresores de dolor, las medicinas para deprimir el sistema nervioso central recetadas para tratar la ansiedad y desordenes en el sueño, y los estimulantes, usados igualmente para tratar la narcolepsia y problemas de déficit de atención por hiperactividad.
Según edades, los mayores problemas se presentan en personas mayores de 65 años, pero la tendencia es más preocupante en jóvenes. Por ejemplo, en 2006, 2.7% de niños de octavo grado, 7.2% de décimo grado y 9.6% de aquellos en doceavo grado habían abusado de alguna de estas medicinas en el año inmediatamente anterior.
Los estudios en esta materia son aun escasos. Las razones que explican el crecimiento de esta nueva demanda por drogas licitas parecen estar asociadas con la aparente “seguridad” que estas ofrecen. Esta seguridad, en la mente de los consumidores, es entendida de dos maneras. Uno, son medicinas que fueron recetadas previamente por un medico. Dos, evitan los riesgos asociados a comprar drogas en la calle. Adicionalmente el acceso a estas drogas es fácil usando farmacias virtuales. Para los mas chicos el acceso esta en los gabinetes de sus padres o familiares.
Es difícil prever que tan poderoso sea este efecto substitución en la demanda por “entretenimiento químico” pero al menos la buena noticia es que le esta llegando fuerte competencia a nuestro indeseable primer producto de exportación.
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