(El Mundo, Diciembre 19 de 2013)
Hay una política
que podría resolver la anual disputa entre empresarios y trabajadores por el incremento
del salario mínimo. Pero requiere de una institucionalidad que no tenemos y que
sería deseable construir. Se trataría de un programa de devolución de impuestos
para los trabajadores que ganen menos de un valor predeterminado, digamos 1
salario mínimo.
En países desarrollados,
todo aquel que recibe algún ingreso, por pequeño que sea, declara ante la administración
de impuestos del país sus ingresos y con base en esto se hace una liquidación de
cuánto debe pagar o cuanto ha pagado de mas (le ha sido retenido) para ser
devuelto. En Estados Unidos, por ejemplo, incluso los estudiantes extranjeros
que devengan un salario mínimo para subsistir, deben declarar tal ingreso. El día
de los impuestos es todo un acontecimiento nacional pues la fecha es fija
(mediados de abril) para las personas naturales, y por supuesto existe toda una
industria alrededor de ayudarle a la gente a diligenciar las formas de tal
manera que se aprovechen las ventajas tributarias. Finalmente, aquellos que
pagaron de más, ven llegar un cheque a su casa o reciben un depósito electrónico
unos días después.
Si en
Colombia implementáramos una institucionalidad como esta, se podría utilizar como
vehículo redistributivo y por allí mismo ayudaría a zanjar las diferencias entre
empleados y empleadores. Los dos bandos tienen argumentos lógicos. Los
empleadores, apelando a un principio económico básico argumentan que si el
precio de la mano de obra crece, es de esperar que se contrate menos de ella.
Los empleados, apelando a un principio de equidad, argumentan que el salario es
muy bajo y que este no alcanza para tener una vida digna.
Los
estudiosos del tema en el mundo han mostrado que el argumento de los
empresarios tiene sustento teórico pero no empírico, en otras palabras,
aumentos moderados en el salario mínimo no se han reflejado en despidos, aunque
si en tasas de desempleo un poco más altas para jóvenes, por ejemplo. Así las
cosas, de acuerdo a la evidencia ganarían el argumento de los empleados, pero
como la decisión no es tomada basada en evidencia, sino por acuerdo político,
lo mejor sería ajustar el salario mínimo con una regla sencilla y transparente,
y utilizar otro instrumento para aumentar el ingreso de los individuos formales
de menores ingresos.
Las matemáticas
son sencillas, los empleadores ofrecen $22 mil de incremento y los empleados
quieren $35 mil. La diferencia de 13 mil pesos, podría convertirse en una devolución
de $156 mil pesos anual. Dicen que más o menos 1,275,000 personas ganan el mínimo,
lo que daría un costo total del programa de unos 200 mil millones de pesos.
Mucho menos de lo que se regaló este año a cuanto sector decidió parar las
carreteras del país y extorsionar así a los que pagan impuestos.
Esta es pues una institucionalidad deseable y ya inventada en otras latitudes. Para los interesados en el tema busquen en internet por “earned-income tax credit” para encontrar más detalles y estudios.