(El Mundo, 20 Nov 2009; La Patria, 23 Nov 2009)
De acuerdo con el análisis económico tradicional, los criminales son agentes racionales. Su motivación para cometer un crimen, sea este contra la propiedad o contra la vida, resulta de un cuidadoso ejercicio matemático en el que los costos y los beneficios son cuantificados. Si los beneficios exceden los costos, el criminal decide cometer el crimen.
La respuesta de política coherente con esta teoría es aumentar los costos asociados con cometer un crimen. Ejemplos de esto son aumentar las penas y aumentar la probabilidad de ser capturado, esto es el número de policías. En particular se ha demostrado que la delincuencia urbana disminuye cuando la fuerza policial aumenta.
Sin embargo, los estudiosos del tema han encontrado que no todos los crimines responden a la lógica económica. Por ejemplo, en los EEUU las tasas de criminalidad urbana decrecieron a lo largo de la década de los noventa, una época caracterizada por una gran estabilidad en las condiciones sociales y económicas. Es decir, esto resta importancia a dichos factores como únicos motivadores de la delincuencia.
Algunas explicaciones alternativas se han postulado. Una muy controversial es aquella sugerida por los profesores Donohue y Levitt, en la cual la caída en la delincuencia urbana norteamericana puede estar asociada con el incremento en el acceso a procedimientos de aborto en los setentas. Otra, menos controversial, está basada en la reducción de la exposición de niños y jóvenes al plomo (el elemento químico). Investigaciones médicas han demostrado que el contacto con el plomo está asociado con mayores tasas de agresión y problemas de desarrollo infantil.
Una nueva hipótesis, con implicaciones de política pública muy diferentes, es la que proponen otros profesores, en particular, Dave Marcotte y Sara Markowitz. En esta, la reducción de la criminalidad puede estar vinculada con un periodo de rápidos avances tecnológicos en el tratamiento de las enfermedades mentales. La hipótesis se basa en numerosos estudios que han encontrado problemas de salud mental como un claro factor de riesgo tanto para las víctimas como para los victimarios.
En un reciente estudio estos autores encuentran que después de controlar por todos los factores que han sido tradicionalmente asociados con menores tasas de delincuencia, el incremento en la prescripción de drogas siquiátricas está asociado con un menor número de actos criminales urbanos. En particular los impactos mas grandes se encontraron en una nueva generación de antidepresivos y estimulantes utilizados para el tratamiento de desordenes en la atención y en la hiperactividad.
En estas épocas en las que la criminalidad urbana parece no ceder, no sobra que los encargados de tomar decisiones de política pública en esta materia tomen nota de acciones complementarias a la tradicional. Los problemas de salud mental en poblaciones vulnerables pueden ser un factor al que no se le ha dado suficiente peso. Intervenciones en este frente podrían tener altos retornos en nuestro país. El tema es sin duda debatible, pero vale la pena explorarlo.
