Informalidad

(El Mundo, febrero 22 de 2018)

Para los economistas y en general los analistas del mercado laboral, la informalidad es el principal mal que aqueja a nuestro país. El DANE, acogiéndose a la normativa internacional de la OIT define como trabajador informal a aquel que trabaja en una empresa de hasta cinco empleados excluyendo los independientes que se dedican a su oficio y a los empleados del gobierno. Por otra parte, también se considera informal a aquellas personas que no gozan de protección social, es decir, afiliación a una EPS y al sistema de pensiones.

De acuerdo con el más reciente boletín estadístico del DANE, la proporción de ocupados informales en las trece ciudades y áreas metropolitanas más importantes del país fue 47,2% para el trimestre octubre-diciembre de 2017, mientras que para el total de las veintitrés ciudades y áreas metropolitanas más grandes del país fue 48,3%. Esto quiere decir, de manera general, que la mitad de la gente que trabaja en este país esta desprotegida. Ahora bien, eso no quiere decir que son pobres, bien es sabido que la pobreza monetaria en Colombia es de 28%. Es decir, muchas de estas personas, podrían estar simplemente escondiendo sus ingresos para no pagar impuestos ni contribuir a la vaca común de la sociedad. Ese es un problema serio, porque ambos sistemas, el de salud y el de pensiones están quebrados en alguna medida por evasión y elusión.

Para las personas que no tienen la posibilidad de tener un empleo de calidad y cuyos ingresos son muy bajos, se configura una doble penalidad. Y la solución es compleja. Es fácil decir desde la tarima política “vamos a crear más empleo formal”, sin embargo el empleo no se crea por ley o por decreto, lo crean los empresarios. Y los empresarios solo contratan si hay rentabilidad, lo cual no se crea por decreto.  

Pero hay otra informalidad que es también muy dañina. Según el diccionario de la lengua, informal es aquella persona “que no guarda las formas y reglas prevenidas”. Al salir del país a cualquier lugar del mundo desarrollado, se hace evidente que todo comportamiento social y cívico tiene unas formas y unas reglas, y que esto es la base de orden social. En Colombia, por alguna razón cultural somos demasiado informales. No seguimos reglas. Hay  mucha improvisación. No hay datos. Hay demasiada espontaneidad. Hay muchas cosas implícitas. Predomina el “aquí lo hacemos así, y que?”. 

Después de la corrupción, la informalidad es el principal problema de Colombia.

La lucha contra el crimen

(El Mundo, febrero 8 de 2018)

El crimen esta disparado en las ciudades. Al menos eso es lo que la prensa y las redes sociales nos hacen pensar. Los secretarios de seguridad de las capitales alegan que esto es pura percepción. Las cifras, dicen, marcan una tendencia decreciente. Lo cierto es que casos como el de la mujer embarazada que fue agredida a tiros en Bogotá, queda la sensación de que la pena de muerte es poco para amedrentar a los envalentonados delincuentes modelo 2018.

Se pregunta uno ¿cuáles son las políticas efectivas, las que funcionan para bajar la criminalidad?. Un par de investigadores, Chalfin y McCrary, revisaron los estudios estadísticos que se han hecho al respecto y publicaron sus hallazgos en 2017 en el Journal of Economic Literature.

La teoría más básica para explicar por qué algunas personas deciden cometer un crimen, radica en entender al criminal como alguien que hace un análisis de costos y beneficios de su acto. Donde los costos implican el ser capturado y la pena que recibirá, y los beneficios el dinero o la satisfacción (revancha, por ejemplo) que se obtendrá por el crimen. Con base en esta teoría, el aumento en el pie de fuerza policial y el aumento de oportunidades legales de hacer dinero, aumentarían los costos de ser criminal y disminuirían la probabilidad de que más personas se decidan a delinquir.

Los investigadores llegaron a tres conclusiones después de revisar criticamente todos los estudios publicados. La primera es que existe solida evidencia de que la inseguridad baja cuando aumenta el pie de fuerza policial, sin embargo esta relación no es perfecta. Quiere decir que un policía más no significa un crimen menos. Por cada cien por ciento de incremento en el pie de fuerza los crímenes se reducen entre un veinte y un cuarenta por ciento.

La segunda es que el endurecimiento de las penas a nivel judicial, aunque tiene un efecto positivo no parece ser muy importante. Mejor dicho, los delincuentes no leen mucho las noticias. Lo que sí parece ser más efectivo es enfocarse en los criminales que repiten, por ejemplo endureciendo las penas cuando hay reincidencia. La tercera conclusión es que una economía con mayores oportunidades laborales también ayuda a reducir los delitos, pero solo los delitos menores.

En conclusión, para estos tiempos, la respuesta es más pie de fuerza. Eso es costoso en términos de gasto público, pero rentable tanto en reducción de crímenes como en aumento de percepción de seguridad.