Y Ud. a quien esta subsidiando?

(La Patria, 25 de Febrero de 2008)
No existe algo mas aborrecido por la teoría económica y mas amado por los políticos que los subsidios. Para los políticos son la mejor herramienta de populismo y el mejor mecanismo para devolver favores. Para los economistas, los subsidios son el peor enemigo de los mercados, no solo porque distorsionan las decisiones de los agentes que en el transan, sino porque casi siempre terminan en las manos de quienes no los necesitan.

Los subsidios a los servicios públicos en Colombia son un buen ejemplo de esto. En efecto, en la mas reciente edición de la Revista de la Sociedad de Economistas de Latino América y del Caribe (LACEA) se encuentra publicado un interesante análisis que demuestra las limitaciones de dichos subsidios como herramienta de lucha contra la pobreza. Los autores, Carlos Medina y Leonardo Morales, se plantean la siguiente pregunta: que tanto de estos subsidios va a los bolsillos de las familias que viven en los estratos subsidiados (el objetivo de la política) y que tanto se transfiere a los dueños de las viviendas beneficiadas?

Como es bien sabido, el sistema de subsidios imperante en Colombia esta diseñado de tal forma que los estratos altos (5 y 6) y los sectores comercial y empresarial pagan un sobre precio y con este dinero se subsidia parte del consumo de los hogares de estratos bajos. Esta política es costosa e ineficiente.

Costosa porque el valor total del subsidio llega a ser 0.7% del PIB según los autores, unos 3 billones de pesos de 2007 a mano alzada. Dinero que es pagado por los contribuyentes bien sea a través del sobre precio o de impuestos. Según estimaciones de estos autores 0.4% del PIB se financia via sobreprecios y 0.3% del PIB via presupuesto del gobierno.

Ineficiente porque el subsidio se esta yendo a manos de los dueños de las viviendas. Medina y Morales, usando datos para Bogotá, encuentran que el incremento en el precio de la vivienda en estratos subsidiados es similar en magnitud al valor presente del flujo de los subsidios; y el mismo efecto se aprecia en los arrendamientos. Es decir que aquellos que viven en estratos bajos pagan más en arrendamiento o más en cuotas hipotecarias de lo que pagarían si el mercado no estuviera distorsionado. Ese mayor valor que están pagando se va directamente a los dueños de las viviendas (si son arrendatarios) o a los que se las vendieron (constructores, antiguos propietarios y sistema financiero).

El análisis de Medina y Morales sugiere una revisión al sistema de subsidios cruzados como política de alivio a la pobreza. De hecho un análisis posterior de los mismos autores sugiere que el país se ahorraría unos 33 millones de dólares eliminando el sistema de estratificación socioeconómica y pasándose a uno que pondere las necesidades individuales tipo SISBEN. Cuando dejaremos de beneficiar a quien no lo necesita?

Consumir con responsabilidad social

(Publicada el 18 de Febrero de 2008 en La Patria)

Decía una nota de tecnología publicada semanas atrás que “Sistemas que permiten a las personas controlar fácilmente el consumo de energía de los electrodomésticos, sensores para identificar con exactitud la composición de los alimentos que se van a consumir … hacen parte de las innovaciones que más impacto tendrán en la vida diaria durante los próximos cinco años”. Esta afirmación proviene de un grupo de investigadores de la empresa IBM que en asocio con entidades científicas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Nasa, identificó las cinco principales tendencias tecnológicas del próximo lustro.

La ventaja de esta tecnología llamada RFID es que las personas sabrán exactamente qué compran pues los productos no se identificarán por códigos de barras, sino que incluirán chips con la información de los mismos. Así aparatos que están hoy al alcance de todos como un celular podrán incorporar lectores de RFID para que usted conozca información hasta ahora desconocida acerca de lo que consume.

Sin embargo la verdadera promesa de esta tecnología esta en su capacidad de movilizar grandes recursos de unos mercados a otros a través del empoderamiento de los consumidores y quizás resolver de una buena vez problemas sociales que parecen imposibles de atacar. Hasta ahora las tecnologías de la información han sido utilizadas tímidamente en la política social. Pero esta tecnología podría revolucionar los mercados haciéndolos mas pro-pobre o mas pro-igualdad.

Cómo? Imagine por un instante que usted esta enfrente de un producto que va a comprar y que tiene diferentes marcas para escoger. Además de verificar visualmente y leer la información básica de la etiqueta, usted podría tener acceso a otra información que es revelante socialmente hablando, tal como: el ingreso del empleado peor y mejor pagado de esta compañía, la proporción de mujeres a hombres en cargos administrativos y operativos, el tipo de contratación imperante en tal empresa, el porcentaje de empleados que tienen seguridad social completa, el numero de empleados mayores de cierta edad, el valor de los impuestos pagados al fisco en los últimos años, o en general cualquier otra información relevante para usted y su posición respecto de ciertos problemas que aquejan a la sociedad actual como la discriminación por edad, sexo o raza y la amplia inequidad en la distribución del ingreso.

El vasto crecimiento de los mercados de productos orgánicos o de los productos saludables es una muestra fehaciente del potencial que una iniciativa como esta tendría. Los consumidores son la fuerza más poderosa de cualquier economía (70% del PIB) y son sus decisiones las que finalmente determinan que pasa en los mercados y hacia donde se dirigen los recursos productivos. Tecnología y políticas públicas que exijan completa información de los productores a los consumidores pueden ser el eslabón perdido en la incesante búsqueda de acabar con la pobreza y la desigualdad.

Copagos: no siempre son eficientes

(La Patria, Lunes 14 de Abril de 2008)
La teoría económica y sus principios sostienen que para prevenir la demanda excesiva por bienes o servicios, y por ende evitar que estos se desperdicien o que sean utilizados de manera excesiva e innecesaria por quienes no los necesitan, se debe cobrar un precio positivo así este sea subsidiado. Esta es la racionalidad detrás de los “copagos” existentes en nuestro sistema de salud.

Por años, principios como este se han asentado como verdades absolutas, como axiomas irrefutables, sirviendo además de base para el diseño de políticas públicas. De hecho, cualquier profesor de economía o cualquier libro de texto tildaría de equivocado a quien sostuviera que un precio cero no lleva al sobreconsumo. Las cosas sin embargo no son tan fáciles, felizmente un creciente numero de académicos están actualmente retando importantes principios de la teoría económica.

En efecto, se abren paso cada vez con mayor fuerza en la literatura internacional investigaciones encaminadas a evaluar la efectividad de mecanismos específicos incluidos en las políticas públicas. Estos estudios usan en su mayoría métodos experimentales, lo cual les da el rigor necesario para retar hasta los más ortodoxos economistas y principios económicos. Es de aclarar, sin embargo, que los métodos experimentales tienen ciertas limitaciones a la hora de generalizar sus resultados.

Uno de estos nuevos estudios, conducido por los economistas Cohen y Dupas del Brookings Intitute, rechaza el principio de que los “copagos” son eficientes y que la alternativa a estos, léase la distribución gratuita no lo es. Aplicando técnicas experimentales, los autores encuentran que no existe evidencia de que cobrar un precio positivo por redes tratadas con insecticidas para prevenir la malaria, vendidas a mujeres embarazadas en una zona particular de Kenya, sea un mecanismo eficiente para prevenir la sobre utilización o para auto seleccionar a aquellas que mas las necesitan. Por el contrario el estudio encuentra que incrementos en los precios disminuyen la demanda por las mismas induciendo un mayor riesgo de malaria, es decir, logrando exactamente aquello que la política publica “anti-malaria” quiere evitar.

Estudios como estos son importantes llamados de atención a nuestras políticas publicas de salud. No es descabellado pensar que un buen numero de colombianos pobres y de clase media encuentre en los copagos una barrera y un desincentivo para utilizar bienes y servicios médicos, especialmente cuando estos se suman a otros costos de transacción en los que tiene que incurrir a la hora de utilizar los servicios médicos, tales como los costos de transporte y el costo de oportunidad laboral o personal del tiempo invertido en visitar un medico o un centro de salud. Revisar la política de copagos en ciertos bienes y servicios médicos puede ser una buena idea ahora que los nuevos secretarios de salud empiezan sus periodos de gobierno.

La ilusión de los técnicos

Es época de nuevos gobernantes locales y con ellos de nuevos gabinetes. Con los nuevos gabinetes comienzan también los escrutinios a los individuos elegidos por cada alcalde y gobernador. Con cierta simpleza dichos análisis tienden a dividir los nuevos secretarios entre “técnicos” y “políticos”, asumiendo que los primeros tomaran decisiones buenas y objetivas y los segundos no. La realidad de los procesos y de las decisiones en política pública es sin embargo más compleja demostrando a la larga que las ventajas de los técnicos suelen diluirse rápidamente.

En primer lugar aunque a primera vista un “técnico” ofrece la garantía de tomar decisiones basado en los fundamentos teóricos y empíricos de su respectiva área de estudio o experiencia, lo que a menudo se olvida es que en las ciencias sociales, no existe teoría libre de ideología, ni tampoco teoría libre de supuestos. Basta con observar, por ejemplo, la eterna disputa entre las teorías económicas que propenden por el libre mercado y las que defienden un mayor intervencionismo estatal. Cada escuela teórica defiende una posición política, un juicio de valor.

Pero el asunto no es solo teórico, también es empírico. El tiempo y los recursos que se necesitan para consolidar ejercicios técnicos rigurosos es un lujo que los gobiernos en general no tienen. Esto impide en la mayoría de los casos que las decisiones se tomen con la información adecuada, sin contar con otras dificultades comunes a las aproximaciones empíricas como la calidad de la información y el acceso intra e inter gubernamental a la misma (recordemos el caso DANE vs DNP). La falta de información deja al “técnico” sin su herramienta más importante.

En tercer lugar, una vez en el cargo los técnicos suelen enfrentar la realidad y muchas veces sacrifican la técnica por la conveniencia. Y sí no, cómo explicar que el impuesto más anti-técnico (gravamen a los movimientos financieros) no haya sido desmontado aun después de que el país ha tenido brillantes técnicos como Ministros de Hacienda.

Por último, debe reconocerse el poco valor que tiene la técnica en nuestro sistema de decisiones de política, y en las democracias en general, en el cual es el número de votos en concejos y asambleas y no el análisis técnico el que prima. El sistema simplemente privilegia la negociación y la persuasión sobre la técnica, habilidades en las que la mayoría de los técnicos no son muy buenos. Irónicamente para que un técnico sea exitoso en la gestión pública debe ser un buen político.

Es preciso entonces ser cauteloso y no ilusionarse con las supuestas maravillas de los gabinetes técnicos. La buena noticia de los “técnicos” es que en su mayoría llegan a ejercer sus cargos sin pasados políticos o legales cuestionables. La mala es que muchos terminan naufragando ante las poderosas fuerzas de los intereses económicos que dominan las decisiones de política pública.