El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un
seguro exigido a todo vehículo motorizado y tiene por objeto proteger a todas
las víctimas de accidentes de tránsito cuando su salud se ve comprometida.
Cubre lesiones o muerte de personas, independiente de quien tuvo la culpa del
evento. La atención se presta a todas las personas involucradas en el accidente
sean conductor, acompañantes o peatones.
El SOAT se justifica en dos principios: solidaridad y
universalidad. El principio de solidaridad se refiere a que los generadores del
riesgo deben aportar los recursos requeridos para la atención de las víctimas
de accidentes. El principio de universalidad
se refiere a la posibilidad de que toda víctima de un accidente de
tránsito tenga derecho a la atención debida.
En caso de accidente, cada víctima tiene derecho al traslado
desde el sitio del accidente al centro de salud más cercano; la atención médica
completa desde la atención inicial de urgencias hasta la rehabilitación final.
El seguro también incluye indemnización en caso de incapacidad permanente y
gastos funerarios e indemnización en
caso de muerte. Pero el SOAT tiene un tope de gasto, y cuando se supera es la
EPS de la víctima la que debe cubrir el remanente de acuerdo a las coberturas
del POS. Esta continuidad muestra que el POS y el SOAT comparten un fin común,
la recuperación de la salud. Sin embargo
esta continuidad también es parte de los problemas que se denuncian a diario en
medios y que viven los prestadores, pacientes y aseguradores: “guerra de
ambulancias”, falsos accidentes, doble facturación, precios de facturación
escandalosos, realización innecesaria de procedimientos, fragmentación en la
atención, o literalmente la suspensión de servicios.
La mayoría de estos males se explica por una razón, las
facturas del SOAT las pagan compañías privadas de seguros. Lo que hace que las
facturas sean pagadas entre 30 y 45 días, mientras que cualquier factura en el
POS pagada por una EPS puede tomar dos o tres veces ese tiempo, y si es No POS
puede simplemente no ser pagada.
La mejor opción es combatir la corrupción, pero ya sabemos que en este país esas son palabras vacías. Una segunda opción de política pública que atacaría los problemas mencionados y que de paso ayudaría al gobierno a recaudar mayores ingresos para el sistema de salud, que bien sabemos está literalmente quebrado, sería modificar las reglas de juego del SOAT para incorporar estos recursos en su totalidad al FOSYGA. Habrá seguramente detalles técnicos y legales que deban resolverse pero es una alternativa que debería al menos considerarse desde el Ministerio de Salud y de Hacienda en la actual coyuntura financiera del sector. Y de paso podrían echarle una miradita a las ARL.
