La literatura médica nos informa que la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar múltiples complicaciones, entre las cuales están: la hipertensión arterial; la diabetes tipo II; las enfermedades coronarias; y los cánceres de próstata, colon, endometrio y seno. La obesidad también ha sido asociada con dificultades del sueño, infertilidad y complicaciones en el embarazo. El mensaje es claro, la obesidad es un problema de salud pública.
Ante este escenario, algunos gobiernos locales, especialmente en países donde la incidencia del problema es mayor, empiezan a tomar acciones. El menú de medidas consiste en prohibir, regular, informar o cualquier combinación de las anteriores. Por ejemplo Nueva York y Boston ya prohibieron el uso de grasas insaturadas en los restaurantes. Similarmente San Francisco y Nueva York ahora exigen a las cadenas de comidas rápidas informar sobre el contenido calórico de sus productos.
No obstante la creatividad gubernamental amenaza con crecer en alcance. California acaba de prohibir el uso de de grasas insaturadas en todos los productos horneados que se vendan en el Estado. Y ahora, Los Ángeles está considerando una ley para prohibir la apertura de nuevos restaurantes de comidas rápidas en un perímetro de 50 kilómetros a la redonda de su jurisdicción.
El problema de la obesidad ejemplifica de manera perfecta las dos preguntas más relevantes para cualquier gobierno local. Debe intervenir? Y si esto es así, Cómo? Opino que las respuestas son “Si” e “Informando”.
Si la historia nos enseña algo, hemos aprendido que las políticas basadas en prohibir y regular, fracasan frecuentemente. Ante las prohibiciones la respuesta optima de los consumidores y los productores es la creación de mercados negros, los cuales aumentan los riesgos para ambos participantes en el mercado y los costos de hacer cumplir la ley. Los códigos regulatorios por su parte son escenarios perfectos para la ambivalencia, situación que es siempre hábilmente utilizada por aquellos que saben jugar al borde de los estatutos.
La información por su parte, sí es efectiva, puede generar el cambio de comportamiento deseado en los individuos, el fin último de la política pública. La información debe desincentivar la demanda por ciertos productos y llevarlos a que desaparezcan del mercado, sin necesidad de prohibirlos o regularlos. Las políticas basadas en informar a los ciudadanos sobre riesgos asociados a ciertos productos son además consistentes con el principio según el cual los individuos deben ser soberanos y responsables por sus propias decisiones. De otro modo, en concordancia con prohibir las grasas insaturadas, deberían prohibirse o regularse también los azúcares, los televisores, internet y los trabajos sedentarios, otras causas comprobadas de obesidad.
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