El gobierno nacional afirma que el
presupuesto esta desfinanciado en 25 billones de pesos. El sector salud dice
que la deuda acumulada de las EPS con las IPS puede estar alrededor de los 10
billones de pesos. El programa mas exitoso de movilidad social llamado Ser Pilo
Paga esta desfinanciado en 2 billones de pesos y por ende en peligro. La DIAN
afirma que la meta de recaudo de impuestos del año no se cumplirá. Este
panorama tiene un denominador común: los ingresos que recauda el nivel nacional
de gobierno no alcanzan para sus compromisos de gasto.
Dos soluciones se han intentado, subir
los ingresos (reformas tributarias) y ajustar los gastos. Las dos han dado
resultados transitorios y luego han fracasado por su propio peso. ¿Por qué? Por
una combinación muy extraña de captura técnica y política del Estado. La
captura técnica se llama la Regla Fiscal. Los economistas mas juiciosos del
país, lograron una ley de responsabilidad fiscal que le impone al Estado unas
metas de reducción del déficit fiscal. ¿Para que? Para que no nos pase lo que
le paso a Argentina en estos días, o a Venezuela en esta década. Mejor dicho
para ser un país serio y creíble ante los ojos del mundo.
La captura política se denomina Sistema
General de Participaciones, y demás reglas que hacen del gasto publico
colombiano un archivo de Excel que asigna la plata con reglas inflexibles y no
un conjunto de recursos para invertir de manera inteligente. Una plata que
amparada en un concepto de descentralización que jamás consulto las capacidades
institucionales de los municipios se va a manos de gente que no sabe ni
entiende de administración publica.
Un estudio muy interesante del Banco de
la Republica, sucursal Cartagena, publicado por el BID muestra que los
municipios colombianos solo recaudan el 32% de su potencial. Para el año 2014
el recaudo potencial estimado fue de 31 billones de pesos (21,6 en municipios y 9.4 en departamentos).
Ahí esta la plata para cubrir los faltantes del gobierno nacional, esta en los gobiernos municipales y departamentales. El gobierno nacional debería crear incentivos para que las entidades territoriales incrementen de manera inteligente y eficiente la recaudación a nivel territorial, y le den prioridad a cazar a los elusores y evasores de impuestos nacionales.