Alternativa a la negociación de salario mínimo

(El Mundo, Diciembre 19 de 2013)

Hay una política que podría resolver la anual disputa entre empresarios y trabajadores por el incremento del salario mínimo. Pero requiere de una institucionalidad que no tenemos y que sería deseable construir. Se trataría de un programa de devolución de impuestos para los trabajadores que ganen menos de un valor predeterminado, digamos 1 salario mínimo.

En países desarrollados, todo aquel que recibe algún ingreso, por pequeño que sea, declara ante la administración de impuestos del país sus ingresos y con base en esto se hace una liquidación de cuánto debe pagar o cuanto ha pagado de mas (le ha sido retenido) para ser devuelto. En Estados Unidos, por ejemplo, incluso los estudiantes extranjeros que devengan un salario mínimo para subsistir, deben declarar tal ingreso. El día de los impuestos es todo un acontecimiento nacional pues la fecha es fija (mediados de abril) para las personas naturales, y por supuesto existe toda una industria alrededor de ayudarle a la gente a diligenciar las formas de tal manera que se aprovechen las ventajas tributarias. Finalmente, aquellos que pagaron de más, ven llegar un cheque a su casa o reciben un depósito electrónico unos días después.

Si en Colombia implementáramos una institucionalidad como esta, se podría utilizar como vehículo redistributivo y por allí mismo ayudaría a zanjar las diferencias entre empleados y empleadores. Los dos bandos tienen argumentos lógicos. Los empleadores, apelando a un principio económico básico argumentan que si el precio de la mano de obra crece, es de esperar que se contrate menos de ella. Los empleados, apelando a un principio de equidad, argumentan que el salario es muy bajo y que este no alcanza para tener una vida digna.

Los estudiosos del tema en el mundo han mostrado que el argumento de los empresarios tiene sustento teórico pero no empírico, en otras palabras, aumentos moderados en el salario mínimo no se han reflejado en despidos, aunque si en tasas de desempleo un poco más altas para jóvenes, por ejemplo. Así las cosas, de acuerdo a la evidencia ganarían el argumento de los empleados, pero como la decisión no es tomada basada en evidencia, sino por acuerdo político, lo mejor sería ajustar el salario mínimo con una regla sencilla y transparente, y utilizar otro instrumento para aumentar el ingreso de los individuos formales de menores ingresos.

Las matemáticas son sencillas, los empleadores ofrecen $22 mil de incremento y los empleados quieren $35 mil. La diferencia de 13 mil pesos, podría convertirse en una devolución de $156 mil pesos anual. Dicen que más o menos 1,275,000 personas ganan el mínimo, lo que daría un costo total del programa de unos 200 mil millones de pesos. Mucho menos de lo que se regaló este año a cuanto sector decidió parar las carreteras del país y extorsionar así a los que pagan impuestos.

Esta es pues una institucionalidad deseable y ya inventada en otras latitudes. Para los interesados en el tema busquen en internet por “earned-income tax credit” para encontrar más detalles y estudios. 

El buen juicio

(El Mundo, Diciembre 5 de 2013)

El buen juicio es una cualidad grupal y no individual.  Esta es la conclusión a la que esta llegando el profesor Philip Tetlock y el grupo de colegas con quienes dirige hoy un proyecto de investigación llamado “El buen juicio”.

Dos preguntas motivan este estudio, y en general la carrera del profesor. ¿Por qué es tan baja la calidad del debate público? ¿Por qué la calidad se deteriora aun mas si el tema en cuestión es de alta importancia? Durante los últimos 30 años este hombre se ha dedicado a estudiar la precisión de las predicciones de los expertos en temas políticos en los Estados Unidos.

El método de estudio del profesor es realizar concursos de predicciones políticas. Según este método se conformaron grupos de personas interesadas en temas políticos. Luego a cada grupo se le pide pronosticar un conjunto de hechos. Estos grupos deben predecir por ejemplo quien ganara las próximas elecciones de presidente, sí un presidente de un país extranjero será derrocado, etcétera. Las predicciones de cada grupo son luego comparadas con las de expertos “famosos”. Especialmente los expertos que tienen mucha exposición en medios y que por ende tienen alta influencia en el debate político. En Colombia, serian comparables a los columnistas mas leídos de diarios capitalinos y regionales, o a los exfuncionarios públicos que se la pasan opinando en TV.

En los años de estudio Tetlock y sus colegas se han encontrado cosas muy interesantes. Primero, los expertos “famosos” no superan las predicciones hechas por los grupos. Segundo, los expertos “famosos” sobreestiman su capacidad de predicción. Tercero, cuando los expertos “famosos” se equivocan, no lo aceptan, y buscan explicaciones reforzadas para darse la razón.

La metodología de Tetlock llego a oídos de la inteligencia norteamericana y esto dio pie al proyecto “El buen juicio” (Good Judgment Project). La idea es la misma: crear grupos de conocedores de temas y ponerlos a competir para ir encontrando los mejores grupos. Pero esta vez gracias a un cheque gordo los temas se han ampliado y también los países. Gracias también a sofisticados sistemas de información, cada predicción es medida y cada individuo (dentro del grupo) es calificado. De tal forma que con el paso del tiempo, los grupos reciben la retroalimentación necesaria para ser cada vez mas acertados.

El propósito de Tetlock es encontrar un mecanismo que agregue el conocimiento de muchos, con el fin de aumentar la calidad del debate y de la discusión política, encontrando un rival “grupal”, casi virtual, con un record comprobado de precisión en sus predicciones que acabe con la charlatanería de los expertos “famosos” y sobre todo que sirva de contrapeso a su trabajo de desinformar a la opinión publica. El propósito de la inteligencia es tener otra arma de predicción de inestabilidad política. Quien diría que el buen juicio sirva para dos propósitos tan diferentes.

Fiascos tecnológicos en el sector salud

(El Mundo, Noviembre 21 de 2013)

El Presidente Obama no pasa por un buen momento por cuenta de la reforma a la salud aprobada en 2010. En su momento le costó gran parte de su capital político y radicalizó aún más al partido opositor (Republicano). El apagón de septiembre, donde buena parte de las oficinas de gobierno no trabajaron se explica por esta oposición. Para colmo de males, le fallaron los sistemas de información cuando más los necesitaba. En octubre se inauguró un portal de internet donde los estadounidenses que no tenían seguro de salud o que querían cambiarlo podrían entrar y comprar libremente aquel que más se ajustara a sus necesidades. El portal no funcionó, y aunque algunas cosas han mejorado, muchos dudan que lo haga en el inmediato futuro.

Al otro lado del charco, en el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud acaba de anunciar que abandonará la creación de un sistema de información que iba a unir todos los actores del sistema. Un proyecto de 10 años y que ya había gastado 2.7 billones de libras, pero que tenía planeado gastarse 11.4 billones.

Estos fiascos tecnológicos en materia de sistemas de información para el sector salud tienen varios elementos en común. Dos explican buena parte de los problemas: Liderazgo y formas de contratación.

En cuanto a liderazgo, en los dos casos, la persona encargada de los proyectos (el decisor de última instancia) era un alto funcionario público. Esto es problemático por varias razones: es una persona muy ocupada con múltiples obligaciones que puede dedicar muy poco tiempo al proyecto, es una persona que está sujeta a presiones políticas, es una persona que no conoce de tecnología aplicada al sector, y por último puede incluso no compartir el espíritu del proyecto.

En cuanto a contratación. La forma en que se desarrollan estos proyectos y las leyes de contratación pública son incompatibles. Los grandes proyectos de tecnología están marcados por alta incertidumbre técnica, razón por la cual diferentes alternativas de solución deben ser probadas usando ensayo y error. Esto es factible y tolerable en el sector privado pero no en el sector público. Las reglas de contratación pública son estrictas y están marcadas por ciclos muy largos de contratación que demoran innecesariamente los procesos y la capacidad de innovación. En segundo lugar, el método de “ensayo y error” no es muy bien visto por los organismos de control fiscal y político que tienden a confundirlo con corrupción y prácticas delictivas.

De aprobarse la reforma de salud, una institución llamada Salud-Mia tendría que construir una infraestructura tecnológica de magnitudes nunca antes vistas en el país. Valdría la pena estudiar todo lo que fallo en EEUU y Reino Unido para no fracasar en el intento.

Ultima voluntad

(El Mundo, Noviembre 7 de 2013)

¿Quién hablara por usted cuando usted no pueda hacerlo? Esta pregunta es muy importante en caso de enfermedades catastróficas o enfermedades que no tienen cura.

El caso de las demencias, es un buen ejemplo. En la etapa severa de la enfermedad de Alzheimer, los individuos pierden la capacidad de comunicarse, reconocer a su familia, reconocer a seres queridos, y de cuidarse a si mismos. Típicamente, los enfermos deben ser sometidos a una operación para habilitarles una sonda que luego servirá para alimentarlos. En esta etapa avanzada, también es frecuente encontrar infecciones urinarias y se requiere de cuidado las veinticuatro horas.

Desafortunadamente, para esta enfermedad, no existe cura y no existe tratamiento que disminuya su progreso o que la detenga. Si existen algunas drogas que mejoran temporalmente ciertos síntomas. En conclusión la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares va en caída libre y sólo se detiene cuando el paciente fallece.

Volviendo a la pregunta que motiva este columna. La respuesta es: usted mismo, pero cuando este en todas sus facultades. Para eso, en países desarrollados existe la figura de “Ultima voluntad” (Advance directive en inglés). Este es un documento legal donde se expresan con claridad las preferencias en cuanto a la calidad de vida propia y de los familiares en casos como el mencionado. También se dejan por escrito los límites al tratamiento que se desea recibir, incluyendo aquel que se rechaza. Igualmente, se designa un representante para que ejecute esas decisiones y otras que no hayan sido previstas.

Una característica muy importante de este documento, es la prohibición explícita de que quien tome tales decisiones sea el médico tratante, o cualquier persona que represente a una institución que de tratamiento. Esto se hace para eliminar el conflicto de interés económico que supone alargar una vida a punta de tratamientos agresivos, con alta incertidumbre y alta rentabilidad.

Una buena política publica de “Ultima voluntad” seria beneficiosa para el país. Debería existir el espacio legal para este tipo de documentos y una regulación para fácil acceso de los mismos tanto para familiares como para las instituciones tratantes. Los beneficios para las familias podrían ser muchos. Primero, se conocería de primera mano la voluntad del individuo. Segundo, ayudaría a dirimir diferencias entre familiares y otras personas cercanas. Tercero, en casos en que los pacientes hayan optado por no someterse a ciertos tratamientos o a la prolongación artificial de la vida se ahorraran tiempo y recursos. Cuarto se limitaría el conflicto de interés económico existente.

El tema es políticamente incorrecto para muchos, especialmente en sociedades conservadoras. Afortunadamente la apertura que hoy tenemos a discutir otros temas tabú como aborto y matrimonio gay, sea una buena señal para iniciar este importante debate.

Sus ahorros y gastos con la reforma a la salud

(Revista Dinero, Finanzas personales, Octubre 30 de 2013)

La reforma de salud que se aprobó en el Senado y que ahora sigue su curso hacia la Cámara afecta el bolsillo de los colombianos tanto de manera positiva como negativa.  Antes de cualquier consideración futurista, dado que es incierto lo que pase con la reforma, es importante reconocer que el actual sistema es uno de los más exitosos del mundo en proteger a sus ciudadanos de caer en la pobreza por causa de una enfermedad.

Miremos donde están los ahorros para el bolsillo en la actual propuesta de reforma. Primero, quedaran prohibidos los copagos y cuotas moderadoras cuando se trate de atención en medicina general y en algunos programas de promoción, prevención y protección que defina el Ministerio.

Segundo, en la medicina “prepagada” el gobierno regulara  copagos de acuerdo con el ingreso de las personas.

Tercero, en caso de enfermedades catastróficas o de alto costo, se prohíben los copagos en el tratamiento para los usuarios del subsidiado y se regularan en el contributivo. Además, en el contributivo, no tendrán que pagar nada aquellos colombianos que ganen menos de dos salarios mínimos.

Cuarto, con la transformación del POS a Mi Plan, se ampliará la lista de medicinas, insumos y tratamientos cubiertos. Esto significa que los usuarios en el nuevo sistema no incurrirán en algunos gastos que hoy si incurren, y que también se evitaran los trámites que significaba presentar una tutela.

Aquí acaban las buenas noticias. Como bien dicen los economistas no hay almuerzo gratis. Alguien tiene que pagar por todo lo que no se cobra. Un sistema tan generoso como el que propone la reforma solo es viable cuando la utilización es racional, es decir, solo se usa cuando se necesita y siempre se da el tratamiento más efectivo al menor costo. Estas dos reglas no se cumplen actualmente, y por eso el sistema está quebrado.

Para pagar las deudas actuales, que son cuantiosas, hay dos caminos: aumentar impuestos o recortar en otro lado. En el futuro, si los gastos crecen a una tasa mayor a los ingresos, la conclusión será la misma: aumentar impuestos, aumentar contribuciones, o recortar en otro lado.

Hay más. Unos gastos que son menos evidentes pero que afectan el bolsillo son los de desplazamiento de una IPS a otra, y los tiempos de espera que se traducen para muchos en días perdidos de ingreso laboral. El efecto de la reforma sobre los gastos de desplazamiento no es claro mientras no se regulen las distancias y las redes de las EPS. Tampoco es claro como mejoraría los tiempos de espera, pues las medidas que atacan la escases de especialistas (formación de médicos en hospitales) y de camas hospitalarias (integración vertical), tienen alta resistencia política.

En conclusión, la reforma traería ahorros visibles de corto plazo, pero de no controlarse los costos dentro del sistema desaparecerán rápidamente, debido a la necesidad de financiar el mayor gasto en salud. El sistema de salud no es una vaca que pueda ordeñarse infinitamente, ni está financiado por extraterrestres. Todo lo que gastemos de más lo pagaremos tarde o temprano.

Polarización laboral

(El Mundo, Octubre 24 de 2013)

Un famoso psicólogo de la Universidad de Harvard (Dan Gilbert) afirma que la mejor manera de conocer el futuro es hablar con las personas que lo están viviendo. Si usted quiere saber cómo será su vida en 10 años, hable con alguien que hace lo que usted hace y tiene 10 años más. Algo similar aplica para los hechos económicos, si uno quiere saber qué va a pasar en unos años, una buena forma de “hablar” con el futuro es revisando lo que pasa en países más avanzados.

Christopher Smith, un economista de la Reserva Federal de los Estados Unidos público un artículo muy interesante llamado “La dinámica de la polarización de los mercados laborales”. La polarización consiste en la persistente disminución de la participación de los trabajos de complejidad media (por ejemplo, asistentes administrativos) y el consecuente incremento de trabajos de complejidad baja (por ejemplo, ventas) o alta (por ejemplo, profesionales). Smith define una cuarta categoría para trabajos como la construcción, la extracción, y el transporte. La complejidad, en mercados laborales, va ligada a la remuneración y por ahí a la desigualdad del ingreso.

Smith muestra que la reducción del empleo de mediana complejidad se debe a dos tendencias, una mayor salida de estas personas hacia el desempleo o la cuarta categoría, y una menor movilidad de personas desde el desempleo hacia los empleos de mediana complejidad. Es particularmente preocupante que este último fenómeno se ve en trabajadores jóvenes sin educación universitaria, e incluso en jóvenes con educación superior.

Las recesiones económicas son especialmente trágicas para este tipo de trabajadores por dos razones. En primer lugar, una vez se destruyen los trabajos medios, la tendencia es a no crearlos de nuevo o a crear muy pocos. En segundo lugar, los trabajadores que son despedidos de trabajos medios tienden a quedarse en el desempleo, en lugar de emplearse de nuevo en trabajos de baja complejidad. La buena noticia que trae la polarización (para algunos) es que con la mayor demanda por trabajos de alta complejidad, la transición de medio a alto es posible y está creciendo.         

En Colombia y Latinoamérica existe una retórica que está ganando muchos adeptos según la cual la clase media está creciendo y gracias a ella se solidifica el crecimiento económico desde adentro.   La tendencia observada por Smith para el mercado laboral estadounidense data desde la década de los ochenta, cuando la misma retorica reinaba allá. Así las cosas, asumiendo qué el boom de la clase media colombiana está asociado a generación de empleo de complejidad media, se torna muy importante diseñar instrumentos para medir el trabajo de acuerdo con su complejidad y remuneración y diseñar política para protegernos de la polarización que podría traer el futuro. 

Ancho de banda

(El Mundo, Octubre 10 de 2013)

Hace unos días, como parte de una investigación, presencie la siguiente conversación con una persona de ingreso medio bajo. Pregunta: “Señor ¿Usted cree que en un periodo administrativo de cuatro años se puede resolver un problema como el de la pobreza?” Respuesta: “No, ni dios con ayudantes podría resolver ese problema”. Pregunta: “¿Usted qué cree que puede hacer el gobierno para solucionar problemas como la pobreza?” Respuesta: “Nada señorita, eso no es un problema del gobierno, es un problema de la gente que son perezosos”.

Si la pobreza se debe a falta de oportunidades o a falta de ganas de trabajar, es un eterno debate entre las escuelas de pensamiento liberal y conservador en materia de política económica antipobreza. Regalar casas y subsidiar con o sin condiciones es la solución de los liberales, promover el crecimiento de la economía y del sector privado es la solución de los conservadores. Desafortunadamente como tantos otros debates de política, los argumentos se esgrimen usando la lógica del expositor y alguna evidencia casuística, pero no con evidencia más generalizable. Por estos días, está de moda en los Estados Unidos un libro que le da la razón a los liberales, pero usando un argumento distinto: la pobreza se debe a escases de ancho de banda.

El libro se llama “Scarcity” (Escases) y es escrito por un economista (Mullainathan) y un psicólogo (Shafir). Por supuesto, el ancho de banda no se trata de acceso a internet, es una metáfora para referirse a la capacidad cognitiva individual. La capacidad del cerebro es limitada y por ende mientras más ocupada este resolviendo problemas inmediatos menos podrá ocuparse de actividades y proyectos a mediano o a largo plazo. Las inversiones de largo plazo son las que pagan enormes dividendos y diferencian a los ricos de los pobres, especialmente las que se hacen en la niñez.

Los autores muestran a través de experimentos reales qué, en situaciones de escases (de comida, de tiempo, de energía, de dinero, de sueño, etc), el comportamiento de todos los seres humanos, sean pobres o ricos se asemeja. La atención se concentra en lo inmediato y no permite ver más allá. Psicológicamente la escases nos hace más impulsivos, bloquea nuestros mecanismos de autocontrol, de aprendizaje, y la capacidad de raciocinio. La trampa de la escases, argumentada en el libro, está en que esta refuerza el comportamiento mismo. Por ejemplo, si usted tiene escases de tiempo, usted va a prestar tiempo de otra actividad, luego para completar dicha actividad va a prestar de otra y así sucesivamente.

¿Qué hacer? Las acciones de política que proponen los autores van en la vía de hacer la vida de las personas más fácil, a través de menos papeleo, más decisiones automáticas y un hábitat que induzca a mejores decisiones. En el eterno debate de la política antipobreza los liberales pueden agregar un argumento más a su favor gracias a los experimentos de Mullainathan y Shafir.

Centralismo mental

(El Mundo 26 de Septiembre de 2013)

En 2013 se cumplen 25 años de la primera elección popular de alcaldes del país.  Antes, los alcaldes eran designados por el gobernador del departamento, quien a su vez era escogido por el Presidente de la República. Con la Constitución de 1991 se permitió la elección de gobernadores por voto popular. Luego, mediante el Acto Legislativo 02 de 2002 los alcaldes pasaron a tener periodos de 4 años.

Dos supuestos subyacían este movimiento de descentralización. El primero suponía que solo otorgando esta posibilidad de autodeterminación se generaría la capacidad institucional necesaria para proveer los servicios y bienes propios de la administración publica a nivel local. El segundo es que nadie mejor que los locales sabe lo que necesitan los locales. Los supuestos no se cumplieron. La provisión de servicios y bienes públicos sigue siendo muy baja, incluso en las ciudades grandes del país.

El desarrollo de la capacidad institucional no se dio. La rendición de cuentas vía el voto ciudadano se quedo en un ideal romántico, y en cambio la captura del estado por elites, corruptas o no corruptas, violentas o no violentas, ilegales o no ilegales, es la realidad de la mayoría de los municipios del país.

Si algo demostraron los paros es que aunque exista elección popular, los colombianos, al menos los que marchan y bloquean vías, nunca se descentralizaron mentalmente. Los manifestantes siempre buscan respuesta en el gobierno nacional, no aceptan discutir con alcaldes o con gobernadores, solo con ministros y presidente.

Esta combinación de centralismo mental, y descentralización política, abrió además una trampa de gobernanza de la que no hemos podido salir. La problemática de algunos sectores como seguridad, transporte y salud desconoce la división político administrativa. En sectores como estos, la implementación de la política publica moderna necesita grados muy altos de coordinación entre niveles jerárquicos, para evitar duplicidades y vacíos. Necesita además altos grados de estandarización para evitar desbalances entre regiones en la calidad de los servicios prestados. No es un secreto que allí donde hay diferencias políticas entre alcaldes y gobernadores y entre alcaldes y alcaldes, estas se constituyen en el primer obstáculo para resolver problemas apremiantes para la comunidad.  

Afortunadamente, en el mundo académico ya se está discutiendo el tema. Por ejemplo, la Fundación Fescol e Idea Internacional proponen “una institucionalidad estatal ad-hoc” para municipios con problemas de violencia. Repensar la distribución de roles y por ende de recursos entre las entidades territoriales y el gobierno nacional es una tarea pendiente. Desmunicipalizar sectores como salud y transporte, y fortalecer instancias de coordinación regionales es la vía correcta.

Impuesto a las bebidas azucaradas

(El Mundo, Septiembre 12 de 2013; El País, Septiembre 16 de 2013; Finanzas personales Octubre 8 de 2013 ; América Economía Octubre 10)

El Ministro de Salud Alejandro Gaviria propone un impuesto a las bebidas azucaradas (gaseosas principalmente) para combatir la creciente y preocupante tendencia al alza de la obesidad en el país. Estamos ciertamente lejos de países campeones en obesidad como Estados Unidos y México. Pero, también es cierto que estilos de vida poco saludables asociados a un mayor ingreso per capita y al crecimiento de la clase media, aunados a la dieta rica en harinas y fritos de nuestro país nos pueden llevar a “engordarnos” rápidamente. Esta propuesta de política es un acierto.

Este debate ya se ha dado en otros países, especialmente en Estados Unidos. Los que se oponen a la medida argumentan tres razones principales. La primera es de tipo comercial, es decir, la caída en las ventas por cuenta del incremento en el precio y su efecto en empleo. La segunda es de tipo moral: el gobierno no debe meterse a regular los gustos de las personas. La tercera es de tipo nutricional y de equidad comercial: el problema no sólo son bebidas azucaradas, sino todos los demás hábitos alimenticios, en otras palabras, deberían ponerle un impuesto a la fritanga también.

A favor existen argumentos económicos, de salud pública y de comportamiento. Los beneficios económicos son de corto y de largo plazo. En el corto plazo el dinero recaudado puede servir para cubrir, en algo, el gigantesco hueco financiero del sistema, asumiendo que la caída en ventas no será lo suficientemente grande como para que anule el efecto fiscal. En el largo plazo se funden razones económicas y de salud pública. Si la medida es exitosa en reducir obesidad, los ahorros económicos del sistema y las ganancias en calidad de vida dados por un número menor de diabéticos y demás enfermedades asociadas a la obesidad pueden ser muy importantes.

El tercer argumento, el de comportamiento, sostiene que sí es deber del gobierno ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones. El mundo actual es difícil, complejo y demanda a diario muchas neuronas de nuestro cerebro. Tiene sentido entonces hacer más fáciles algunas decisiones a través del sistema de precios. Este argumento es una de las últimas revoluciones en diseño de política publica, conocida como economía del comportamiento (behavioral economics en inglés) por unos y sicología aplicada por otros. Lo novedoso es que no se basa en prohibiciones, sino en utilizar mecanismos que motiven a las personas a tomar un camino u otro, haciendo mas fácil el camino que tiene mayores beneficios sociales.

La escuela de salud pública de la Universidad de Harvard ofrece un buen compendio de la evidencia científica que relaciona las bebidas azucaradas con la obesidad (http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sugary-drinks-fact-sheet/). La propuesta del Ministro es buena, soportada en evidencia y mejoradora de bienestar.

Habeas cédula

(El País, Agosto 26 de 2013; El Mundo, Agosto 29 de 2013)

En estos días nos estamos enterando quien tiene en sus bases de datos nuestra información privada. Llegan correos electrónicos anunciando políticas de privacidad y de uso de la información por parte de múltiples entidades. Nos aseguran que tenemos derecho a verificar, rectificar y remover nuestros datos. Todo esto gracias a la ley Habeas Data que rige en Colombia desde 2012. Habeas data significa, palabras mas palabras menos, que “Usted es el dueño de la información”, no ellos. Olvidó sin embargo el legislador regular el dato mas importante de todos: la cédula de ciudadanía.

Como el jingle de algún comercial de televisión, en este país piden la cédula en todas partes: los almacenes comerciales, los supermercados, la portería de un edificio, la portería de una entidad publica, la droguería, la serviteca, la tienda de la esquina, el banco. A diario, miles de personas entregan a completos extraños el dato mas importante, aquel que permite la identificación única, aquel que abre la llave a uno de los delitos mas temidos en el mundo desarrollado: el robo de identidad.

Lo que es peor aun, a diario, al usar nuestras tarjetas de crédito o debito, nos exigen que además de dar nuestro número de cédula, entreguemos nuestra firma y el número de teléfono. Se pregunta uno con semejante ligereza en el manejo de la información privada ?por que en este país el delito del robo de identidad no es rampante? Quizá el grado de educación de nuestros ladrones aun no da, pero seguro les estamos abonando un terreno ya de por si muy fértil, que pronto será un problema de marca mayor.

La gravedad de la situación no para ahí, lo que es seguramente una buena intención, esta empeorando las cosas. Gracias a las iniciativa de gobierno en línea, hoy por hoy con solo el número de cédula, cualquiera puede consultar datos tan importantes y tan privados como la historia laboral y de cotizaciones al sistema de seguridad social, los antecedentes judiciales, el puesto de votación, y todo lo relacionado con la licencia de conducción, y muchos mas. Ni que hablar de lo que se puede lograr usando dos datos, por ejemplo, la cédula y el numero de placa de un carro. Con estos se consigue en línea toda la información de la tarjeta de propiedad, del SOAT, y otros como los gravámenes a la propiedad.

El legislador y el ejecutivo, no deberían esperar a que un escandalo mediático los obligue a actuar. Tres cosas podrían hacerse inmediatamente. Primero limitar o incluso eliminar el acceso a la información antes mencionada que esta disponible vía internet. Segundo, autorizar solo a aquellos que tengan la capacidad de garantizar la seguridad de un dato tan sensible como este para requerirlo. Y tercero, prohibir que los vouchers de tarjeta de crédito requieran firma, cédula y teléfono.