(El Mundo, Febrero 26 de 2015)
Esta columna de
opinión se denomina “Consecuencias inesperadas” por una razón: las políticas públicas
se piensan de una manera, se ejecutan de otra y se tienen alta incertidumbre en
cuanto a su capacidad de logro. En muchas ocasiones, y de manera “inesperada” para
el diseñador de la política, los efectos son nulos e incluso contrarios a lo
esperado. Un escenario “inesperado” pero posible entre los tantos que nos trae
la Ley Estatutaria de Salud es la nacionalización del sistema.
El gobierno afirma que
es un paso en la dirección correcta. Al elevar la Salud a ser un derecho de
carácter fundamental y autónomo, se obliga al Estado a garantizarlo de manera
prioritaria. Tres logros se han destacado con mayor fuerza: la eliminación de
las autorizaciones para las atenciones de urgencias, el fortalecimiento del
control de precios a los medicamentos y la institucionalización de un mecanismo
para incorporar nuevos desarrollos científicos en materia medica al país.
La piedra angular de
la Ley Estatutaria es la autonomía médica. En las propias palabras del
Ministerio de Salud se justifica porque “Los médicos son personas que han
estudiado mucho tiempo y tienen conocimientos científicos sobre el cuerpo humano,
la salud y la enfermedad. Por eso tienen la capacidad para decidir qué
tratamientos requieren los pacientes para restablecer su estado de salud”. Pero
esto también quiere decir que la chequera del sistema la tienen los médicos, y
por ello el mismo ministerio advierte "Al reconocer la autonomía médica,
la Ley Estatutaria pide a los profesionales de la salud que hagan su trabajo
con autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica”.
Y aquí está el meollo
del asunto, con uno solo de estos comportamientos que falle la política se
vendrá abajo. ¿Cómo? Muy fácil, cuando el conjunto de medicinas, procedimientos
y dispositivos ordenados superen el presupuesto anual dedicado al sector salud,
las EPS se retirarán, quedando el sistema nacionalizado. La situación
financiera de las EPS del régimen contributivo ya es dramática, sin Ley
Estatutaria, ya el hueco financiero va por los cinco billones de pesos. Y
aunque el gobierno les dio 7 años a los dueños para ponerse al día, el gremio
de las EPS ya acepta que “posiblemente para algunas EPS será muy difícil en
razón a las pérdidas acumuladas desde hace una década, dado el impacto negativo
financiero de la delegación que le hizo el Estado para el manejo de lo NO POS”.
En el escenario descrito aquí, la Ley Estatutaria de Salud es el empujón que hacía falta para que Colombia abandone la competencia de mercado por un sistema nacionalizado.
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