(Periodico El Mundo, septiembre 8 de 2016)
Desde
hace unos 5 años o más rondan por las calles de las principales ciudades del
país, cámaras de fotodetección. El propósito es capturar fotográficamente las
infracciones al código de transito de los diferentes vehículos que transitan
por las vías. El infractor recibe días después en su domicilio la prueba de la
infracción y el número de comparendo con el valor a pagar por la misma.
Este
tipo de política pública tiene fundamento en sí misma. Ante los costos de tener
un agente de transito en cada lugar de la ciudad, es mas barato usar tecnología
para castigar a los conductores imprudentes. Además, también es cierto que no
hay mejor forma de motivar el cambio de comportamiento que aquel que toca el
bolsillo de las personas.
Existe
otra motivación para justificar la presencia de esta tecnología en las calles:
disminución de accidentalidad y de la morbilidad y mortalidad que la acompañan.
En 2015 Medicina Legal atendió 6.884 casos por personas fallecidas durante
eventos de tránsito, en comparación con el año 2014 cuando se registraron 6.402
personas fallecidas. Igualmente se presentaron 45.806 personas lesionadas por
accidentes.
Dos
estudios, uno en Medellín y uno en Cali, muestran que el efecto de las cámaras
de fotomultas sobre la accidentalidad no es claro. Juliana Álvarez Restrepo
estudio el caso para Medellín y concluyó qué “la magnitud del efecto es
negativa, a pesar de que no se contó con la cantidad información de deseada
para obtener resultados con mayor contundencia”. En otras palabras parece
existir evidencia de un efecto de reducción pero con incertidumbre.
En
Cali, Juan Felipe González y yo, estudiamos estadísticamente el efecto de las
cámaras instaladas en 2012 y encontramos que no hubo reducción en los
accidentes debido a esta iniciativa y también mostramos que las cámaras no
fueron ubicadas en los sitios de mayor accidentalidad.
Esta
conclusión de Cali junto con la siguiente afirmación del trabajo de Alvares
Restrepo “las cámaras en Medellín se instalan en vías con velocidades medias
bajas con relación a las velocidades medias de las vías en las que se
instalan radares de fotodetección en otros países” muestra que el criterio que
probablemente ha sido determinante para la instalación de cámaras es el de
frecuencia de infracción y no el de salvar vidas.
Como lo decía al comienzo de la columna, esto no descalifica la política, las infracciones deben pagarse y capturar a los infractores es la tarea de las autoridades de tránsito. No obstante, si valdría la pena que el criterio de accidentalidad y mortalidad fuera tan o más importante para la instalación de estas cámaras.
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