Copagos: no siempre son eficientes

(La Patria, Lunes 14 de Abril de 2008)
La teoría económica y sus principios sostienen que para prevenir la demanda excesiva por bienes o servicios, y por ende evitar que estos se desperdicien o que sean utilizados de manera excesiva e innecesaria por quienes no los necesitan, se debe cobrar un precio positivo así este sea subsidiado. Esta es la racionalidad detrás de los “copagos” existentes en nuestro sistema de salud.

Por años, principios como este se han asentado como verdades absolutas, como axiomas irrefutables, sirviendo además de base para el diseño de políticas públicas. De hecho, cualquier profesor de economía o cualquier libro de texto tildaría de equivocado a quien sostuviera que un precio cero no lleva al sobreconsumo. Las cosas sin embargo no son tan fáciles, felizmente un creciente numero de académicos están actualmente retando importantes principios de la teoría económica.

En efecto, se abren paso cada vez con mayor fuerza en la literatura internacional investigaciones encaminadas a evaluar la efectividad de mecanismos específicos incluidos en las políticas públicas. Estos estudios usan en su mayoría métodos experimentales, lo cual les da el rigor necesario para retar hasta los más ortodoxos economistas y principios económicos. Es de aclarar, sin embargo, que los métodos experimentales tienen ciertas limitaciones a la hora de generalizar sus resultados.

Uno de estos nuevos estudios, conducido por los economistas Cohen y Dupas del Brookings Intitute, rechaza el principio de que los “copagos” son eficientes y que la alternativa a estos, léase la distribución gratuita no lo es. Aplicando técnicas experimentales, los autores encuentran que no existe evidencia de que cobrar un precio positivo por redes tratadas con insecticidas para prevenir la malaria, vendidas a mujeres embarazadas en una zona particular de Kenya, sea un mecanismo eficiente para prevenir la sobre utilización o para auto seleccionar a aquellas que mas las necesitan. Por el contrario el estudio encuentra que incrementos en los precios disminuyen la demanda por las mismas induciendo un mayor riesgo de malaria, es decir, logrando exactamente aquello que la política publica “anti-malaria” quiere evitar.

Estudios como estos son importantes llamados de atención a nuestras políticas publicas de salud. No es descabellado pensar que un buen numero de colombianos pobres y de clase media encuentre en los copagos una barrera y un desincentivo para utilizar bienes y servicios médicos, especialmente cuando estos se suman a otros costos de transacción en los que tiene que incurrir a la hora de utilizar los servicios médicos, tales como los costos de transporte y el costo de oportunidad laboral o personal del tiempo invertido en visitar un medico o un centro de salud. Revisar la política de copagos en ciertos bienes y servicios médicos puede ser una buena idea ahora que los nuevos secretarios de salud empiezan sus periodos de gobierno.