Implementación y plata

(El Mundo, septiembre 22 de 2016)

Es muy sencillo, todos los acuerdos del acuerdo con las FARC necesitan dos cosas: capacidad de implementación y plata. Y de esas dos cosas el gobierno tiene más bien poco.

Al mejor estilo de las leyes colombianas, el acuerdo es un conjunto de promesas sin un juicioso cálculo de cuánto va a costar. En países serios, la política pública va acompañada de una apropiación presupuestal específica. Uno puede creer o no creer en los cálculos de los beneficios económicos de la paz. Personalmente he visto tantas proyecciones de crecimiento fallar que lo sensato es ser escéptico frente a los beneficios del crecimiento económico. Pero lo que sí es una realidad es que cada promesa escrita en el acuerdo vendrá con una factura que se la van a cobrar directamente al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio, cómo lo ha hecho siempre, cumplirá tarde o cumplirá parcialmente. 

No hay duda de qué lograr un acuerdo para que un grupo de personas dejen de cometer delitos es un logro que debe apoyarse. El voto por el si es una obviedad. Y siendo completamente cínicos es una forma elegantísima de someter a las FARC a la floja institucionalidad colombiana. Cada mes hay un paro en Colombia porque el gobierno incumplió una promesa. ¿Qué nos hace pensar que esta vez será diferente? Auguro que el primer paro de las FARC será en 2017.

Y el otro elemento, a veces fruto de la falta de plata, es la baja capacidad de implementación de la política pública que caracteriza este país. Todos sabemos que las leyes son muy bonitas en Colombia pero que no se cumplen o que se cumplen a medias. Los soñadores y los intelectuales creen que una vez un problema está solucionado intelectualmente, ya está resuelto, y la realidad siempre se encarga de recordarnos que es en los detalles de implementación donde fallan las grandes ideas. ¿Qué nos hace pensar que esta vez será diferente?. No hay ningún motivo para creer que las razones que llevan a este país a ser débil institucionalmente van a cambiar como por arte de magia por la firma de un acuerdo.

Si los acuerdos del acuerdo con las FARC funcionan al pie de la letra como lo dice el documento, entonces el mayor logro del acuerdo además de las muertes evitadas, será el fortalecimiento nunca antes visto de la institucionalidad colombiana para cumplir lo que promete. Veríamos por primera vez todo funcionando como debe ser, sin corrupción y al pie de la letra. ¿Será posible tanta belleza?

Cámaras y accidentalidad

(Periodico El Mundo, septiembre 8 de 2016)

Desde hace unos 5 años o más rondan por las calles de las principales ciudades del país, cámaras de fotodetección. El propósito es capturar fotográficamente las infracciones al código de transito de los diferentes vehículos que transitan por las vías. El infractor recibe días después en su domicilio la prueba de la infracción y el número de comparendo con el valor a pagar por la misma.

Este tipo de política pública tiene fundamento en sí misma. Ante los costos de tener un agente de transito en cada lugar de la ciudad, es mas barato usar tecnología para castigar a los conductores imprudentes. Además, también es cierto que no hay mejor forma de motivar el cambio de comportamiento que aquel que toca el bolsillo de las personas.

Existe otra motivación para justificar la presencia de esta tecnología en las calles: disminución de accidentalidad y de la morbilidad y mortalidad que la acompañan. En 2015 Medicina Legal atendió 6.884 casos por personas fallecidas durante eventos de tránsito, en comparación con el año 2014 cuando se registraron 6.402 personas fallecidas. Igualmente se presentaron 45.806 personas lesionadas por accidentes.

Dos estudios, uno en Medellín y uno en Cali, muestran que el efecto de las cámaras de fotomultas sobre la accidentalidad no es claro. Juliana Álvarez Restrepo estudio el caso para Medellín y concluyó qué “la magnitud del efecto es negativa, a pesar de que no se contó con la cantidad información de deseada para obtener resultados con mayor contundencia”. En otras palabras parece existir evidencia de un efecto de reducción pero con incertidumbre.

En Cali, Juan Felipe González y yo, estudiamos estadísticamente el efecto de las cámaras instaladas en 2012 y encontramos que no hubo reducción en los accidentes debido a esta iniciativa y también mostramos que las cámaras no fueron ubicadas en los sitios de mayor accidentalidad.

Esta conclusión de Cali junto con la siguiente afirmación del trabajo de Alvares Restrepo “las cámaras en Medellín se instalan en vías con velocidades medias bajas con relación a las velocidades medias de las vías en las que se instalan radares de fotodetección en otros países” muestra que el criterio que probablemente ha sido determinante para la instalación de cámaras es el de frecuencia de infracción y no el de salvar vidas.

Como lo decía al comienzo de la columna, esto no descalifica la política, las infracciones deben pagarse y capturar a los infractores es la tarea de las autoridades de tránsito. No obstante, si valdría la pena que el criterio de accidentalidad y mortalidad fuera tan o más importante para la instalación de estas cámaras.