(La Patria, Marzo 29 de 2010)
Se lanza en Washington, DC por estos días un libro titulado “Cash on Delivery: A New Approach to Foreign Aid” escrito por Nancy Birdsall, William Savedoff, y Ayah Mahgoub. La idea central del libro es proponer un nuevo diseño de programas de intervención social, en particular aquellos financiados con dineros de ayuda internacional.
Los autores identifican un problema central en la ayuda internacional: a pesar de las buenas intenciones de los donantes y de los beneficiarios por mejorar indicadores de educación y salud, pocos programas resultan siendo eficaces. De un lado aquellos que reciben la ayuda se quejan por la inflexibilidad e insensibilidad a las condiciones y necesidades locales de algunos programas. Otros se quejan por la incertidumbre en la financiación y continuación de estos.
Por su parte los donantes critican a los beneficiarios por falta de transparencia y por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de ayuda. Las evaluaciones rigurosas escasean. Además, estos problemas se ven agravados por la participación de múltiples donantes, con diferentes ciclos presupuestarios y requisitos de información, lo cual diluye la responsabilidad del beneficiario frente a un único donante, elevando los costos monetarios y no monetarios de implementación y aumentando la carga administrativa.
De acuerdo con el libro dos características principales de esta propuesta resuelven los problemas mencionados previamente: primero, el donante sólo paga por resultados, no por los insumos; y segundo, el receptor tiene la plena responsabilidad y discreción en el uso de fondos. Así los donantes ofrecen a los gobiernos beneficiarios pagar una cantidad fija por cada unidad adicional de progreso hacia una meta común: “por ejemplo, 200 dólares por cada niño adicional que tome un examen estandarizado al final de la escuela primaria” en palabras de los autores.
Dos condiciones adicionales deben cumplirse: primero, las medidas de resultado deben ser verificadas por agentes independientes; y segundo, el contrato, los resultados y otra información relevante deben ser difundidos públicamente para asegurar la transparencia. La propuesta es sin duda atractiva en el papel. Es decir, es teóricamente bien formulada. Los incentivos de unos y otros quedan alineados hacia un mismo objetivo. La idea es además complementaria y no sustituta de otros programas.
Es posible que este diseño de intervención social sea el que predomine en la nueva década. Así como en la década pasada lo fueron las transferencias condicionadas. El éxito dependerá de la cantidad y calidad de los “empresarios sociales” de cada comunidad, y por supuesto de la cantidad y calidad de los “oportunistas sociales” de cada comunidad.
