Centralismo mental

(El Mundo 26 de Septiembre de 2013)

En 2013 se cumplen 25 años de la primera elección popular de alcaldes del país.  Antes, los alcaldes eran designados por el gobernador del departamento, quien a su vez era escogido por el Presidente de la República. Con la Constitución de 1991 se permitió la elección de gobernadores por voto popular. Luego, mediante el Acto Legislativo 02 de 2002 los alcaldes pasaron a tener periodos de 4 años.

Dos supuestos subyacían este movimiento de descentralización. El primero suponía que solo otorgando esta posibilidad de autodeterminación se generaría la capacidad institucional necesaria para proveer los servicios y bienes propios de la administración publica a nivel local. El segundo es que nadie mejor que los locales sabe lo que necesitan los locales. Los supuestos no se cumplieron. La provisión de servicios y bienes públicos sigue siendo muy baja, incluso en las ciudades grandes del país.

El desarrollo de la capacidad institucional no se dio. La rendición de cuentas vía el voto ciudadano se quedo en un ideal romántico, y en cambio la captura del estado por elites, corruptas o no corruptas, violentas o no violentas, ilegales o no ilegales, es la realidad de la mayoría de los municipios del país.

Si algo demostraron los paros es que aunque exista elección popular, los colombianos, al menos los que marchan y bloquean vías, nunca se descentralizaron mentalmente. Los manifestantes siempre buscan respuesta en el gobierno nacional, no aceptan discutir con alcaldes o con gobernadores, solo con ministros y presidente.

Esta combinación de centralismo mental, y descentralización política, abrió además una trampa de gobernanza de la que no hemos podido salir. La problemática de algunos sectores como seguridad, transporte y salud desconoce la división político administrativa. En sectores como estos, la implementación de la política publica moderna necesita grados muy altos de coordinación entre niveles jerárquicos, para evitar duplicidades y vacíos. Necesita además altos grados de estandarización para evitar desbalances entre regiones en la calidad de los servicios prestados. No es un secreto que allí donde hay diferencias políticas entre alcaldes y gobernadores y entre alcaldes y alcaldes, estas se constituyen en el primer obstáculo para resolver problemas apremiantes para la comunidad.  

Afortunadamente, en el mundo académico ya se está discutiendo el tema. Por ejemplo, la Fundación Fescol e Idea Internacional proponen “una institucionalidad estatal ad-hoc” para municipios con problemas de violencia. Repensar la distribución de roles y por ende de recursos entre las entidades territoriales y el gobierno nacional es una tarea pendiente. Desmunicipalizar sectores como salud y transporte, y fortalecer instancias de coordinación regionales es la vía correcta.

Impuesto a las bebidas azucaradas

(El Mundo, Septiembre 12 de 2013; El País, Septiembre 16 de 2013; Finanzas personales Octubre 8 de 2013 ; América Economía Octubre 10)

El Ministro de Salud Alejandro Gaviria propone un impuesto a las bebidas azucaradas (gaseosas principalmente) para combatir la creciente y preocupante tendencia al alza de la obesidad en el país. Estamos ciertamente lejos de países campeones en obesidad como Estados Unidos y México. Pero, también es cierto que estilos de vida poco saludables asociados a un mayor ingreso per capita y al crecimiento de la clase media, aunados a la dieta rica en harinas y fritos de nuestro país nos pueden llevar a “engordarnos” rápidamente. Esta propuesta de política es un acierto.

Este debate ya se ha dado en otros países, especialmente en Estados Unidos. Los que se oponen a la medida argumentan tres razones principales. La primera es de tipo comercial, es decir, la caída en las ventas por cuenta del incremento en el precio y su efecto en empleo. La segunda es de tipo moral: el gobierno no debe meterse a regular los gustos de las personas. La tercera es de tipo nutricional y de equidad comercial: el problema no sólo son bebidas azucaradas, sino todos los demás hábitos alimenticios, en otras palabras, deberían ponerle un impuesto a la fritanga también.

A favor existen argumentos económicos, de salud pública y de comportamiento. Los beneficios económicos son de corto y de largo plazo. En el corto plazo el dinero recaudado puede servir para cubrir, en algo, el gigantesco hueco financiero del sistema, asumiendo que la caída en ventas no será lo suficientemente grande como para que anule el efecto fiscal. En el largo plazo se funden razones económicas y de salud pública. Si la medida es exitosa en reducir obesidad, los ahorros económicos del sistema y las ganancias en calidad de vida dados por un número menor de diabéticos y demás enfermedades asociadas a la obesidad pueden ser muy importantes.

El tercer argumento, el de comportamiento, sostiene que sí es deber del gobierno ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones. El mundo actual es difícil, complejo y demanda a diario muchas neuronas de nuestro cerebro. Tiene sentido entonces hacer más fáciles algunas decisiones a través del sistema de precios. Este argumento es una de las últimas revoluciones en diseño de política publica, conocida como economía del comportamiento (behavioral economics en inglés) por unos y sicología aplicada por otros. Lo novedoso es que no se basa en prohibiciones, sino en utilizar mecanismos que motiven a las personas a tomar un camino u otro, haciendo mas fácil el camino que tiene mayores beneficios sociales.

La escuela de salud pública de la Universidad de Harvard ofrece un buen compendio de la evidencia científica que relaciona las bebidas azucaradas con la obesidad (http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sugary-drinks-fact-sheet/). La propuesta del Ministro es buena, soportada en evidencia y mejoradora de bienestar.