Salud y transparencia

(El Mundo, diciembre 28 de 2017)

Creo que el personaje del año en Colombia es la corrupción. Siempre ha estado ahí, pero ahora que los medios y las entidades de control lo han convertido en el enemigo número uno, existe un chance para atacarla con más fuerza. Siempre he insistido que los corruptos son transversales, es decir, a ellos no les importa el sector en el que van a trabajar, le roban a la infraestructura, a la educación, a la salud, al medio ambiente, etcétera.

Precisamente sobre la corrupción en el sistema de salud colombiano, se ha publicado recientemente un informe muy interesante del Grupo de Economía de la Salud – GES- de la Universidad de Antioquia y el Proyecto ACTUE Colombia. El informe trae los resultados de una encuesta en la que participaron 3215 personas.

Para los encuestados el orden de corrupción (de mayor a menor) en el sector salud va así: alcaldías, gobernaciones y secretarias de salud; hospitales públicos; EPS; Ministerio de Salud; y Superintendencia de Salud. Todos con un porcentaje mayor a 75%, es decir, para 3 de cada 4 participantes son percibidas como instituciones corruptas. Los menos corruptos son los usuarios y los profesionales de la salud, aunque con niveles superiores al 55%. 

Esto es muy diciente y nuevo. Los medios nos pintan a los usuarios y los médicos como víctimas, pero la gente que está adentro y conoce el sistema percibe que no los son, al menos para 1 de cada 2 personas es así.

La corrupción es aceptada socialmente, es la conclusión de más del 80% de los encuestados. Y aunque la gente no cree que sea necesaria para resolver problemas del sistema de salud (más del 76%), ante hechos concretos justifica actos de corrupción.

Un ejemplo de la encuesta cuantifica de manera muy interesante el problema: “Un usuario (adulto mayor) logra recibir mediante tutela 30 pañales diarios para atender problemas de incontinencia urinaria y vende 20 pañales para pagar a quien lo cuida”. Aquí el 33% de las personas reconoce el acto de corrupción pero lo justifica y el 15% ni siquiera lo considera como un acto de corrupción.

El informe trae muchos más ejemplos de los problemas del sector y al comparar percepción con experiencias concretas muestra que las dos coinciden relativamente, es decir, no es solo de oídas es vivida. Para rematar, hay poca denuncia y la efectividad del castigo es baja. Con este panorama concluyo que la plata mejor invertida en el sector salud es aquella en atajar y castigar casos de corrupción.

Jóvenes hoy

(El Mundo, diciembre 14 de 2017)

Cualquier padre que tenga un adolescente debe estar aterrado de los peligros de la sociedad moderna. Pensará que las cosas han empeorado, que en su época, las cosas eran distintas y más seguras. Hasta cierto punto tiene razón, hay más riesgos, pero también hay más información y los adolescentes la están usando.

Un análisis histórico muy interesante de la frecuencia de iniciación de actividades de los adolescentes en los Estados Unidos, muestra que los jóvenes están demorando cada vez más el hacer ciertas cosas, riesgosas y no riesgosas, en comparación con sus padres o sus abuelos.

Por ejemplo mientras a finales de la década de los setenta, el 86% de los jóvenes bachilleres ya habían salido formalmente a una cita, en 2015 lo habían hecho el 63%. Una cifra que va de la mano es la caída en la frecuencia de relaciones sexuales, mientras en 1991, el 54% ya habían tenido una relación, este porcentaje cayó a 41% en 2015. En términos de uso de alcohol, en los setentas, el 93% ya lo habían probado, mientras que en 2015, este porcentaje bajó a 67%.

Esas son todas buenas noticias. Los jóvenes parecen ser más sanos en la actualidad y probar menos cosas a temprana edad.

No obstante, el mercado laboral no pinta bien para esta generación. En los setenta, 76% habían ganado dinero trabajando, para 2015 este número bajó a 55%. De hecho los jóvenes se declaran muy insatisfechos en el mercado laboral según el periodista británico Simon Sinek. El autor asegura que se debe a cuatro características: la crianza de los padres, la tecnología, la impaciencia y el ambiente laboral.

Los jóvenes actuales vienen de hogares donde sus padres los protegieron del fracaso, y el mundo laboral es todo menos protector, allí se es bueno o se es eliminado. La tecnología los hace menos sociables y bien se sabe que en el mercado laboral se necesita mucha inteligencia emocional. La otra característica es la impaciencia, los jóvenes quieren una aplicación que resuelva todo ya, olvidándose que en el mercado laboral hay procesos y que la excelencia solo se logra después de miles de horas de práctica. Y finalmente, el ambiente laboral actual está diseñado con las reglas del siglo pasado, y esto no inspira a los muchachos de hoy.

Muy interesante pues lo que muestran los datos, los jóvenes hoy en día son más juiciosos pero no necesariamente en lo laboral. Vamos a ver si ellos cambian el mercado laboral o el mercado laboral los cambia a ellos.

Sus impuestos se gastan en ...

(ElMundo, noviembre 30 de 2017)

El DANE calcula y publica un informe muy interesante llamada “Gastos del gobierno por finalidad”. De acuerdo con esta misma entidad “muestra el fin con el cual se realizan los gastos del Gobierno General. Tiene como objetivo presentar lo que gasta el Gobierno General, según los dominios de su intervención.” En últimas nos permite saber en qué se gastan hoy los impuestos presentes y futuros que pagamos los colombianos. Y hablo de los impuestos futuros porque todo crédito que toma el gobierno hoy será pagado en su mayoría con impuestos mañana. La metodología seguida es internacional y es la misma de los países de la OCDE.

Los datos para 2016 muestran un gasto total del gobierno general de 273.4 billones, estas son cifras preliminares. De cada 100 pesos que usted paga en impuestos: 28.1 se van en Protección Social, 15.3 en Salud y 14.6 en Educación, lo que suma 58 pesos.

El mayor rubro es Protección Social, aquí lo más importante son las pensiones y los programas de protección al adulto mayor. Luego están los programas de atención a los pobres y vulnerables y demás programas sociales para proteger a la familia e hijos. Aunque suena bien gastarse la plática en esto, la oscura realidad es que el sistema pensional es profundamente inequitativo. A este no solo acceden apenas una quinta parte de los adultos en esa edad, sino que está diseñado para subsidiar las pensiones de los más ricos. Mejor dicho los que tienen las pensiones más altas están paseando por el mundo, cenando en buenos restaurantes, y quien sabe dándose que otros gustos más de cuenta de nuestros impuestos.

Salud y Educación, no tienen mucha discusión. Son derechos constitucionales. Allí, el problema es el per capita, es decir, 15.3 se tienen que dedicar a cubrir la salud de todos los colombianos (unos 49 millones de personas), mientras que 14.6 (una cifra muy similar en dinero) se dedican solo a los colombianos en edad escolar (unos 13 millones). Es decir, dedicamos un per cápita más de tres veces mayor en educación que en salud.

Otro dato muy interesante es cuanto gastamos en Servicio de la Deuda Pública, mejor dicho, cuanto suman las cuotas anuales para estar al día con nuestros acreedores. Son 8.7 pesos por cada 100 que gastamos.  Y finalmente lo que todos siempre quieren saber ¿cuánto gastamos en defendernos?  En Defensa 4.4 pesos y en Orden Publico y Seguridad 6.7 pesos,  en total 11.1 de cada 100 gastados.  

Ahí está, esa es la distribución de la plática que los honorables Congresistas que hemos elegido han decidido, porque si no lo sabía, la mayor parte de ese gasto no se decide en Hacienda, está escrito en leyes y punto. Inflexible en su mayoría. 

Perdiendo guerras

(El Mundo, noviembre 16 de 2017)

Los gobiernos, como parte de su retórica eleccionista o de comienzo de periodo, lanzan “guerras”. Supuestamente, enfilarán baterías y buena parte de su capital político y presupuesto para combatir un mal que todos saben es perjudicial. Lo irónico es que como en la mayoría de las guerras de verdad, las de bala, usualmente se pierde mas de lo que se gana.

En el campo internacional los Estados Unidos declararon la guerra a las drogas hace décadas, y como toda la evidencia lo indica, esta guerra está perdida. Los consumidores ganaron la guerra, y con ellos los productores.


El Banco Mundial declaró la guerra contra la pobreza, y pese a todos sus recursos y esfuerzos, aun reconociendo un avance importante, esta se vislumbra como otra guerra que se está perdiendo. La economía, la cultura, el sistema educativo, las costumbres, los abusos, y los corruptos, siguen ganando esa guerra, dejando a miles de personas en una condición de desfavorabilidad que los condena a pasar por esta vida sin mayores oportunidades.

En materia de salud, también años atrás se declaró la guerra contra el cáncer. Hoy, pese a que se conocen algunas alternativas terapéuticas que logran mandar a remisión libres de cáncer a algunas personas, el cáncer sigue siendo un gran misterio y es la segunda o tercera causa de muerte más común en el mundo desarrollado, y en países de ingreso medio como Colombia. Ya se habla con la misma retorica de la guerra contra el Alzheimer.

En el campo local, varias guerras se están perdiendo. Por un lado la guerra contra los corruptos, que llegaron tan alto como han querido. En materia de movilidad perdimos la guerra contra los autos y las motos. El transporte masivo sigue siendo muy criticado e insuficiente.


La verdad, es que todas estas guerras son diferentes, en algunas, como la de las drogas lo mejor será darse por vencidos, legalizar y ya. En otras, cómo las de las enfermedades, la retorica es un sofisma para recaudar fondos, y levantar expectativas que después no se cumplen. En general, son buenas campañas publicitarias para gestionar recursos y gastarlos sin mayor rendición de cuentas.

Toda guerra debería tener unos buenos indicadores de rendición de cuentas, para saber cuando se esta perdiendo y cuando hay que dejarla, o cambiar de estrategia.

El campo envejece

(El Mundo, noviembre 2 de 2017)

De acuerdo con el mismo DANE, el Tercer Censo Nacional Agropecuario realizado en 2014 fue por su complejidad el mayor ejercicio estadístico a nivel nacional en la historia de esa entidad. Toda la información esta disponible a nivel de microdatos para ser utilizada por investigadores y por legos.

Uno de los resultados mas interesantes que se desprende del Censo es lo que podríamos llamar la demografía del campo. De acuerdo con el Censo existen 2.7 millones de productores rurales en Colombia, de los cuales cerca de 2 millones no son residentes en el área rural dispersa censada. De los 700 mil productores que si viven en el área rural, el campesino tradicional, el 64% eran hombres. En relación a la edad y la educación, se encontró que la edad promedio de estos productores es 50 años aproximadamente; y que, el nivel de educación predominante es la básica primaria con un 58%, es decir, que la mayoría no llegaron más allá del 5 grado. De hecho, el 17% son analfabetas.

Una buena noticia es que el 96% por ciento de los productores residentes estaba afiliado a la seguridad social. Pero, la mayoría de las unidades productoras, lo que llamaríamos coloquialmente las fincas, no son de mas de 5 hectáreas.

Teniendo en cuenta que en promedio la edad de un colombiano bordea los 30 años, la primera conclusión que salta a la vista es que el campesino tradicional ha envejecido a una tasa altísima y no lo sabíamos. Las razones deben ser múltiples, pero una muy poderosa, es que las nuevas generaciones, simplemente no quieren ser campesinos tradicionales.    

Así las cosas, los retos para la política social son bien importantes. En primer lugar, con la edad vienen las enfermedades crónicas, las cuales necesitan un acceso continuo a especialistas y a medicamentos. El reto en salud es mayúsculo en zona rural dispersa por las distancias, y si no se atienden bien, la tasa de mortalidad podría ser superior, y con ello desaparecerá mucho más rápido esa generación. En segundo lugar está el garantizar un ingreso básico de subsistencia, es decir, una pensión. Con esos niveles educativos, esos tamaños de hectárea, y los problemas de precios, productividad y acceso a los mercados, es muy probable que los ahorros de esta población sean mínimos o inexistentes.

En conclusión el campesino tradicional se nos envejeció y muy pronto la demografía hará que desaparezca. Los retos para despedir esta generación de una manera digna son importantes. Ojala el gobierno entrante tome nota.

Todos necesitamos un empujón

(El Mundo, octubre 19 de 2017)


Este es el tema central de uno de los libros de Economía y Política Publica más aclamados del 2008 y que dio a conocer a Richard Thaler, el Nobel de Economía de 2017, ante el publico general. El libro escrito con Cass Sunstein se llama “Nudge”, y se tradujo como “Un pequeño empujón”. En palabras simples, defiende el paternalismo libertario. Es decir, la idea de que desde el diseño de un programa, público o privado, se puede impulsar a las personas, sin cohesión y sin afectar su libertad de escoger, hacia acciones que les beneficien en el largo plazo.

El libro parte de un principio increíblemente olvidado por la economía tradicional: los seres humanos no somos perfectamente racionales, no somos computadores ambulantes y por ende nos equivocamos frecuentemente. Y lo que es peor, luego cargamos con las consecuencias de nuestras decisiones por mucho tiempo. Ahorrar es quizá el mejor ejemplo. Todos sabemos que ahorrar es necesario, pero usualmente el consumismo nos gana. Sin embargo un pequeño empujoncito puede ser todo lo que se necesite. Por ejemplo, un programa en que todo empleado de una empresa es automáticamente inscrito en un fondo de ahorro que se descuenta directamente de nomina.


La propuesta del paternalismo libertario se fundamenta en las enseñanzas de cientos de experimentos conducidos por economistas y sicólogos. Una rama del conocimiento llamada “economía del comportamiento”. Estas enseñanzas son: la gente tiende a escoger el camino del menor esfuerzo; las personas se equivocan sistemáticamente aun en tareas simples; la mejor forma de mejorar en algo es obteniendo constante retroalimentación; las personas tienen dificultades en predecir las consecuencias de sus escogencias; aun en situaciones complejas las personas tienden a tomar decisiones usando reglas simples; y, las personas se motivan más fácilmente cuando hay incentivos de por medio.


El paternalismo libertario se aplica mejor en situaciones en las cuales las personas se enfrentan a decisiones que son difíciles y cuya frecuencia es muy baja (comprar casa), situaciones en las cuales las consecuencias de ciertas acciones no son evidentes hoy (comprar, fumar, comer y tomar compulsivamente) y situaciones en donde aun teniendo completa información, el individuo no tiene capacidad de analizarla porque es una tarea de expertos (escoger seguro médico). 


Thaler no aboga por la intromisión dictatorial en las decisiones privadas individuales. Ni tampoco sugiere que aplique en todos los casos. Sin embargo, es absurdo desconocer que los seres humanos erramos con frecuencia. ¿Porque no incorporar pequeños “empujones” en nuestra vida diaria?. Desde las políticas públicas hasta el propio hogar, todos podemos y debemos darnos un empujoncito a nosotros mismos.

Las brechas salariales sí importan

(El Mundo, octubre 5 de 2017)

Indudablemente, Colombia ha avanzado en materia social y económica. Todos los indicadores así lo demuestran menos uno: la desigualdad en el ingreso. En esto somos los desafortunados campeones de América Latina según el indicador más utilizado: el Indice de Gini del ingreso. Aunque este indicador no está libre de críticas debido a que compara la distribución del ingreso actual de un país contra un estándar cuestionable, casi comunista, en el cual todo el mundo debería tener el mismo ingreso, lo cierto es que de todos los países de la región somos el peor. Esto significa que una proporción más pequeña de hogares cada vez tienen una proporción muy grande del ingreso.

Escribo esta introducción a propósito de la discusión actual: ¿son desproporcionados los salarios que demandan los pilotos de Avianca? De acuerdo con el presidente de Avianca: “La remuneración de un piloto de Acdac es igual a la de un senador de la República de Colombia (30 millones de pesos). Y claramente ganan más que el 99 % de los colombianos”. En los medios y en las redes sociales se conoció una carta de una médica que comparaba su tarea de salvar vidas y sus paupérrimas condiciones laborales contra la de los pilotos. ¿Por qué ellos merecen todo eso y los médicos no?. Para algunos es pura envidia: ¿para qué estudio medicina y no aviación?

A mí me parece que la doctora tiene razón. Existe una amplia literatura de economistas colombianos muy respetados que demuestra que la inequidad del ingreso en Colombia está parcialmente explicada por las brechas salariales entre personas calificadas y no calificadas, y que esta brecha se agudiza en la medida que la calificación aumenta. La receta de los libros de texto es aumentar la calificación de los no educados. Eso toma tiempo.

Mientras tanto, no tiene sentido que entre profesionales calificados en mercados competitivos con niveles similares de educación existan brechas salariales abismales. Tampoco que entre la azafata y el piloto exista una diferencia de 10 o 15 veces. Hablo de empleados y no de empresarios. Los empresarios son por definición tomadores de riesgo y su remuneración está sujeta a incertidumbre. Además, los costos laborales son costos fijos y por lo tanto se traducen indefectiblemente en mayores precios de los bienes y servicios que se producen con ellos. Así que apoyar la huelga es apoyar un incremento de precios de los tiquetes.

Eso sí, a la doctora se le olvido comentar que hay especialidades y supra especialidades médicas en donde un individuo puede hacer más dinero mensualmente que el presidente de Ecopetrol, la empresa más grande del país. Y que esos recursos en su mayoría provienen de los recursos públicos de la salud. Eso tampoco tiene sentido.

Las brechas salariales sí importan y generan inequidad e incentivos perversos en las sociedades.

Estudio replantea los costos del tratamiento del Alzheimer en Colombia

(El Espectador.com septiembre 21 de 2017)

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad Icesi ha develado un estudio que demuestra que los costos de tratamiento de los pacientes con esta enfermedad son más elevados de lo que se pensaba.

A nivel mundial hay poco conocimiento sobre los gastos reales de los pacientes que sufren de demencia en los países en desarrollo y se conoce aún menos sobre los costos directos pagados por el sistema de salud a través de las EPS según el nivel de severidad y cómo estos varían debido a la presencia de otras enfermedades.

Esta razón llevó a que el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad Icesi (Proesa) realizara un estudio con pacientes pertenecientes a una Entidad Promotora de Salud (EPS) del régimen contributivo, con afiliados en su mayoría viviendo en el Eje Cafetero, Valle y el norte del Cauca y donde el 80% de los afiliados gana menos de tres salarios mínimos, de forma que es representativa de la población de trabajadores formales de bajos ingresos.

Utilizando un período de análisis de tres años (2011-2012-2013) se identificaron pacientes con Alzheimer a través de un algoritmo que tiene en cuenta la información sobre edad, diagnóstico primario, servicios y medicamentos provistos. Gracias a esto se pudo determinar que los gastos pagados por este asegurador fueron por lo menos el doble de lo que se ha estimado en la literatura internacional y que estos gastos aumentaban anualmente a tasas superiores al 30%. Además, el estudio encontró que dichos pacientes no sufren sólo de esta enfermedad, el 92% tienen al menos otra condición crónica, aparte del Alzheimer que les afecta su salud.

Una estimación internacional previa aseguraba que los costos anuales de un paciente con demencia en Colombia fueron de 663 dólares en 2009. Sin embargo, con este este nuevo estudio se encontró que el promedio observado entre 2011 y 2013 fue de 1.234 dólares para un paciente con Alzheimer como única enfermedad crónica y de  2.385 dólares para pacientes con Alzheimer y otras afecciones crónicas.

Es probable que algunas de las diferencias entre el valor encontrado por el estudio y el estimado internacional se expliquen por el aumento de los costos de la salud a lo largo del tiempo; no obstante, incluso actualizando la cifra de 2009 a una tasa anual del 30%, el promedio para 2011-2013 sería de 1,490 dólares, lo cual es 60% menos que lo observado para los pacientes con multiples enfermedades crónicas que son la mayoría.

De esta forma, el estudio, realizado por Proesa, muestra evidencia para sugerir que las estimaciones previas del costo directo de la demencia en países en desarrollo y de ingreso medio como Colombia, están por debajo de los valores reales para sus sistemas de salud. 


Estos resultados cobran más relevancia si se tiene en cuenta que Colombia es el país de la región que experimenta la tasa de envejecimiento más alta. De acuerdo con proyecciones oficiales del DANE, el proceso de envejecimiento de la población es acelerado. Se estima que, para 2020, 8.5% de la población tendrá 65 años o más, tasa que se ha casi duplicado en los últimos 25 años.

Recortad y expulsaras

(El Mundo, septiembre 21 de 2017)

El recorte presupuestal a Colciencias va a costar más de lo esperado

El gobierno nacional ha decidido recortar en 2018 el presupuesto para Colciencias en 42%, pasando de 379 a 220 mil millones de pesos. Es claro que menos recursos para investigación se traducen en menores oportunidades para los investigadores que ya viven en el país. Así las cosas muchos tomaran la decisión de contactar a sus colegas en universidades del exterior con el fin de buscar oportunidades en otros países. Este fenómeno está muy bien estudiado y se llama la “fuga de cerebros”.

De acuerdo con la UNESCO en Colombia este fenómeno ya se viene presentando, incluso antes del recorte mencionado. En 2010 había 182 profesionales por cada millón de habitantes dedicados a la “concepción o creación de nuevo conocimiento, productos, procesos, métodos o sistemas y en la administración de estas actividades”, en 2014 el número bajó a 115. Esto representa una caída del 37%.

Esta caída (asumiendo que los datos son acertados) puede responder a la mezcla de dos fenómenos. Muchos de los que  estaban se están yendo. Y muchos de los que se fueron no están regresando. Respecto al primer punto basta recordar el fiasco que resultó el programa de retorno de investigadores a Colombia de Colciencias llamado “Es tiempo de volver”. Respecto al segundo factor, los estudiantes de doctorado o de posdoctorado, que por definición no son tontos,  viendo la situación de financiación del país, seguramente están haciendo todo lo posible por quedarse afuera.

Hay un tercer factor sobre el que me gustaría llamar la atención, que no tengo medido con cifras, pero que de manera anecdótica he visto en los círculos académicos. Usualmente las personas que deciden dedicarse a las ciencias lo hacen porque desde niños están rodeados de ambientes científicos e intelectuales. Si esta hipótesis es verdad, no solo estamos perdiendo los científicos actuales sino los hijos de los científicos que migran. La probabilidad de querer vivir en Colombia para alguien que vive fuera está muy ligada a tener lazos afectivos en el país.

El recorte de presupuesto a Colciencias es un leño ardiente adicional que se echa al problema de los cerebros fugados en Colombia. Estamos creando más incentivos para expulsar y para detener el regreso de científicos al país. 

Metámosle más ciencia al país

(El Mundo, septiembre 7 de 2017)

A los escándalos de corrupción que tanto nos acosan le podemos meter más ciencia. La academia pueden jugar un papel importante en detener a los corruptos.

En primer lugar la ciencia para rastrear corruptos esta inventada hace rato. No solo existe software muy sofisticado para rastrear dinero sino también para prender alarmas. El dinero tarde o temprano pasa por el sistema financiero o por algún medio electrónico. También están las ciencias sociales, es decir, la psicología, la psiquiatría y demás ciencias del comportamiento que ayudarían a perfilar a los posibles corruptos.

De otro lado, también esta inventada la ciencia para castigar a los infractores ciudadanos. Alguien decía que la mejor universidad del país es Avianca, porque una vez un colombiano pisa suelo de país desarrollado se comporta como ciudadano de país desarrollado: conduce bien, respeta las normas, y sobre todo le tiene miedo a la autoridad. ¿Y cual es la ciencia aquí? Una combinación de presencia de la fuerza, con una amenaza creíble de que la infracción de la norma será castigada duramente.

Un tercer aspecto en el que la ciencia podría ser útil  sería con la presencia de más académicos en lo público. Aquí las opciones son variadas. Ya en una columna anterior había propuesto que debería existir curules legislativas para académicos de larga trayectoria y experiencia. Es decir para personas cuyo trabajo e interés no sea una carrera política, sino más bien dejar un legado. El proceso de escogencia debería ser extremadamente riguroso, pero eso es cuestión de un buen diseño. En otras áreas de gobierno, podría tenerse una política más abierta de datos. De tal forma que cualquier estudiante o investigador pudiera analizar lo que se esta haciendo con sus impuestos.

A este país y a este gobierno hay que meterle más ciencia y más academia. Es verdad que 20 años atrás las universidades colombianas de calidad eran pocas y que los académicos serios eran escasos. Las cosas han cambiado, cada vez hay mas PhDs con ganas de hacer cosas por este país, tenemos que encontrar la forma de aprovechar todo este capital, no sólo para formar gente en las aulas sino para luchar contra los que hacen mal las cosas.

La economía compartida

(El Mundo, agosto 24 de 2017)

La economía compartida es un término genérico para describir transacciones entre personas, contrario a la tradicional que se da entre personas y empresas. Los casos de Uber y Airbnb son los ejemplos modernos más grandes y populares de este tipo de economía.

Esta economía es posible gracias a la tecnología actual y está desnudando las profundas ineficiencias de algunos mercados tradicionales. En palabras sencillas, esta ineficiencia se da cuando alguien puede producir el mismo bien o servicio a un precio más bajo o al mismo precio pero con un nivel de calidad muy superior.

El hecho de que alguien pueda tomar su carro y convertirlo en un negocio de transporte por unas horas o que alguien pueda convertir su hogar en un hotel por unas noches, revela que los activos de los individuos que se consideraban bienes de consumo en realidad pueden ser productivos. No es un descubrimiento nuevo, de tiempo atrás se alquilan habitaciones en casas o se hacen transportes. Lo verdaderamente novedoso es que ahora es masivo, es decir, un verdadero mercado con múltiples compradores y múltiples vendedores.

Hasta ahora la regulación de estos mercados esta dada por las reglas que la plataforma impone. Pero hay un elemento muy novedoso: la reputación individual. En esta economía, a diferencia de la tradicional donde usualmente el precio es la variable más importante se necesita construir una reputación con nombre propio. Tanto vendedores como compradores necesitan saber con quien están tratando y por ello se califican mutuamente.

Este elemento, la confianza entre las personas, me parece además que ayuda con algo que la economía de mercado tradicional destruyó: el tejido social. Dado que quien presta el servicio es una persona como uno, se abre la posibilidad de intercambiar con gente que quizá nunca habría conocido. No dudo que gracias a estas plataformas se hayan construido amistades y se estén tejiendo nuevas redes sociales.

La economía compartida es buena, pero tiene sus enemigos: aquellos que quedaron desnudos. A los que se les va a acabar el negocio de transferirnos la ineficiencia. Pero es tal la masificación de esta economía que sus enemigos no podrán con ella. Ya hemos aprendido en materia de regulación que prohibir mercados masivos solo produce mercados negros y peligrosos. Pienso que la forma de regular, aprovechando que todo es electrónico, es poner a pagar impuestos a cada transacción.

Tenemos que darle la bienvenida la economía compartida, creo que sus beneficios colectivos superan los costos individuales.

Acabar la cátedra

(El Mundo, agosto 10 de 2017)

En 2019 la Universidad de Vermont abolirá por completo la clase magistral o catedra como lo llamamos coloquialmente en las universidades colombianas. Otras universidades en Estados Unidos lo vienen haciendo en algunas facultades, por ejemplo la escuela de Medicina de Case Western Reserve University no tiene clases magistrales desde 2004.

La clase magistral es un invento del medioevo, por allá en el siglo catorce. La etimología de la palabra viene del griego lectus que significa “leer”. Como es obvio en el medioevo no existían múltiples copias del mismo libro y por ende el método más lógico de enseñar era el de un profesor lector y unos estudiantes tomando apuntes. Ochocientos años después, el método de enseñanza en muchas universidades sigue siendo el mismo.

Existen estudios suficientes para mostrar que el método de clase magistral es el más ineficiente. Es decir, tanto el profesor como los alumnos están literalmente perdiendo su tiempo. La retención de material por el alumno es muy baja y el nivel de frustración por parte del profesor es muy alto.

Existe una alternativa a la clase magistral que se llama el aprendizaje activo. En esta el profesor propone problemas a los estudiantes, teóricos o prácticos, y estos deben intentar resolverlos por si mismos o en conjunto con sus demás compañeros. 

¿Y porque entonces el mundo entero no se ha movido a la metodología activa? Por la comodidad que representa el viejo sistema. El aprendizaje activo es mucho más exigente para el profesor. Tiene que atender múltiples preguntas, de múltiples personas en simultánea, lo que vuele la clase difícil, especialmente cuando el nivel de los estudiantes varía demasiado. Además, preparar los distintos ejercicios toma más tiempo y dedicación.  A su vez, este modelo es más exigente para el alumno ya que debe llegar preparado a clase, cosa que muy pocos hacen.


El sistema educativo universitario está atrapado en un modelo medieval del cual debemos salir pronto. Algunas universidades en Colombia lo están haciendo. Acabar la clase magistral es imperativo, las universidades que avancen más rápido, le darán una ventaja tan alta a sus egresados en el mercado laboral que será premiada con creces con más matricula y mejores posiciones en los rankings. Es difícil pero por ahí es el camino.

Castigos colectivos

(El Mundo, julio 27 de 2017)

La legislación colombiana debería tener más castigos colectivos.

Hace unos años en una entrevista a la cadena de noticias CNBC declaró tener la formula para eliminar el déficit fiscal de EEUU. Era simple y directa: “Yo podría eliminar el déficit en cinco minutos. Sólo necesitamos aprobar una ley que diga que en cualquier momento que el déficit sobrepase el 3% del PIB, todos los miembros del Congreso no podrán reelegirse. En ese momento los incentivos estarán alineados”.

Aunque suena a chiste flojo, esta frase de Buffet tiene elementos muy importantes para resaltar. El primero es que en muchos escenarios donde los problemas parecen complicadísimos, hay soluciones muy prácticas, que sólo necesitan voluntad colectiva. Lo que Buffet dice es que se pueden diseñar reglas simples que sobreponen el bienestar común sobre el bienestar individual.

El segundo es el papel central del Congreso y los congresistas como cuerpo que pone orden en las reglas de juego de en un país. Y por ahí mismo, la necesidad de definir castigos claros para cuando los congresistas no cumplen con su labor de llevar al país por una senda sostenible. Ya he escrito anteriormente que rebajar el sueldo a los congresistas es un castigo simbólico e ingenuo. Es claro que los congresistas malos no viven de su sueldo sino de otras platas. Y también es claro que la democracia colombiana no castiga con el voto, por lo que se necesita una regla más general, anclada a desempeño que imponga disciplina colectiva.

En Colombia, de hecho, el poder ejecutivo si ha dado pasos en esa dirección. Hay que recordar que la ley 1473 de 2011 definió la regla fiscal, que exige al gobierno central reducir anualmente su déficit fiscal hasta llegar al 1% del PIB en 2022. 

Si echáramos una mirada a algunos problemas del país, podríamos casi replicar la frase de Buffet. En últimas, el ejemplo de Buffet y de la regla fiscal, señalan una línea de legislación que a mi modo de ver podría ser más efectiva para el contexto colombiano, generar sanciones y castigos más colectivos que individuales para los congresistas.

Acceso y excelencia no deben reñir

(El Mundo, junio 15 de 2017)

La universidad pública de excelencia no debería ser para unos pocos, todo lo contrario debería ser para muchos.

Cuatro hechos motivan esta afirmación. El primero es que en Colombia existen, medidas de manera objetiva, universidades públicas de excelencia. En todos los rankings internacionales siempre puntúan muy bien la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, por ejemplo.

El segundo es la frase del señor Luis Eduardo Gallego, director Nacional de Programas de Pregrado de la Nacional a la revista Dinero: “el cupo en la Universidad Nacional es un bien publico, es necesario garantizar que sólo entran los mejores”. El tercero es el numero de personas que aspiran a un cupo universitario en estas entidades y no lo obtiene, sólo en la Nacional se presentan anualmente entre 110,000 y 120,000 personas y solo son admitidas 10,000.  Finalmente, el cuarto es la clara preferencia por los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga por las universidades privadas.

Me parece una verdadera tragedia que cientos de miles de estudiantes que manifiestan su interés de estudiar en una universidad pública de excelencia sean descabezados por un “anacrónico” concepto de “aquí solo entran los mejores”. Para aclararle al señor Gallego, un bien publico es un bien que todos pueden disfrutar sin discriminación ninguna.

Es claro que la asignación presupuestal pública a las universidades públicas es poca y que estas hoy no podrían, aun sí quisieran, recibir cientos de miles de estudiantes nuevos. Y allí definitivamente tiene una buena responsabilidad el gobierno nacional y los gobiernos locales.

Pero también es cierto que esa idea de tener un club de exclusividad de mentes brillantes es discriminación plena y abierta. Qué distinta fuera la historia hoy en día con la universidad pública, si en lugar de tener esa actitud, hubieran abogado por un crecimiento paulatino e incluyente en los cupos, desarrollando modelos pedagógicos que nivelaran a aquellos estudiantes que no llegan en óptimas condiciones. Eso también es excelencia.

La universidad privada, que también las hay de excelencia, ha crecido gracias a ese vacío (en parte) y lo demuestra la demanda de los pilos por el sector privado.

Es sabido que un ciudadano que pasa por la universidad es un mejor ciudadano que uno que no lo hace. Haber cerrado las puertas solo para “los mejores” es un error histórico y es parte del rezago de la oferta de educación superior en el país. 

Clase social y salud

(El Mundo, junio 1 de 2017)

Todas las clases sociales han mejorado en sus indicadores de salud en los últimos 7 años, pero las brechas se amplían.

El Instituto Nacional de Salud a través de su Observatorio Nacional de Salud (ONS) ha publicado recientemente un estudio llamado “Clase Social y Salud”. Cabría esperar que la relación entre estas dos variables fuera directa, a mejor clase social, mejor estado de salud. Es bien conocido que a mayor ingreso, mejor nutrición y mejores hábitos de vida. Además, desde hace al menos un par de décadas, se sabe que la salud esta estrechamente relacionada con la posición en la escala social. El informe del ONS no es pionero en plantear la relación, pero si en cuantificarla para Colombia.

Una propuesta interesante del informe es que se aleja de la definición tradicional de clase social imperante en Colombia: el estrato socioeconómico.  En este informe, se adopta una definición que se basa en la ocupación, la posición y la rama de actividad económica. Así las cosas, las clases sociales son: Directivos, Profesionales y técnicos, Pequeña burguesía y trabajadores independientes no agropecuarios, Campesinos, Empleados, Obreros, Trabajadores Agropecuarios, Empleados domésticos y Otros trabajadores.

El informe halló “evidencia de amplias desigualdades según clase social en los indicadores de condiciones de vida, salud autopercibida, discapacidad y aspectos relacionados con la protección social, tanto en población general como en trabajadores”. Pero el estudio encontró mejorías en la mayoría de los indicadores cuando comparó la Colombia de 2008 con la Colombia de 2015, en cada clase social. Es decir, los Empleados de 2015 están mejor que los Empleados de 2008.

Desafortunadamente las ganancias en salud y calidad de vida, fueron mayores para las clases mas altas que para las clases más bajas, aumentándose así la desigualdad entre las mismas.

Las clases menos favorecidas según el estudio en Colombia son: los obreros agropecuarios, los campesinos y los trabajadores domésticos. Esto, resalta de manera objetiva el papel que juega la ubicación geográfica en la calidad de vida y el estado de salud.  Vivir en el sector rural en Colombia hace más probable llevar una vida con menor calidad y con menor salud.

Contrario entonces a la visión romántica de muchos, las opciones de política para mejorar la situación de las clases sociales menos favorecidas es la urbanización del campo. Es decir, la solución no esta en tener más obreros agropecuarios y campesinos, sino en tener menos. Y esto se logrará con inversión que lleve tecnología y mucha capacitación técnica.

Colombiano 2016

(El Mundo, mayo 18 de 2017)

Colombia sigue avanzando en calidad de vida según lo indican las cifras.     

Desde 1991 Colombia mide su calidad de vida a través de una encuesta que lleva el mismo nombre y que realiza el DANE. A partir de 2010 esta encuesta es anual y tiene representatividad para 9 regiones del país. Los resultados de la encuesta de 2016 han sido publicados recientemente. Gracias a esto podemos hacer un perfil con algunas de las características sociales y económicas del colombiano 2016. 

El colombiano 2016 vive en un hogar cada vez más pequeño. El número de personas por hogar promedio de una familia colombiana es 3.3, siendo menor el número en las ciudades (3.3) que en las zonas rurales (3.6). El hogar más común es donde viven “padres e hijos” (36%), pero resalta que el 25% de las personas viven “solas” o en “pareja y sin hijos”.

El colombiano promedio todavía prefiere la televisión al internet. Mientras que el 70% tiene suscripción a TV, el 46% tiene conexión a internet. Este último valor coincide perfectamente con el porcentaje de hogares que tienen computador: 45%.

El colombiano 2016 tenía 10 años promedio de escolaridad, es decir, llego hasta 9 grado o lo que para otros es cuarto de bachillerato. Pero la brecha entre campo y ciudad sigue siendo importante, más de dos años: 8.2 versus 10.4 respectivamente. El 84% de los estudiantes fueron a una entidad oficial, y de estos, el 97% no pago pensión.

El colombiano 2016 no paga hipoteca y no le alcanza la plata para ahorrar. De acuerdo con la encuesta sólo el 4% de los colombianos viven en “casa propia y la esta pagando”, mientras que la mayoría o vive en “casa propia y totalmente pagada” (43%) o vive en “arriendo” (37%). El hecho de que pocos estén endeudados tiene sentido porque según otra pregunta, para el 89% de los colombianos el ingreso del hogar solo alcanza para cubrir los gastos mínimos o no alcanza.

El colombiano 2016 se siente pobre. El 28% de los colombianos se consideran pobres, y esto es especialmente dramático en el campo donde el número sube a 56%.  

Y finalmente contrario a lo que vemos en los medios de comunicación, la gente se siente segura y además bien tratada por el sistema de salud. El 92% de los habitantes rurales indicó sentirse seguro, y en las ciudades así lo hizo el 80%. De forma similar, el 80% de las personas opinó que la calidad del servicio de la entidad de salud a la que están afiliadas era “buena” o “muy buena”. 

Desperdiciando el dinero de la salud

(El Mundo, mayo 4 de 2017)

Los desperdicios del sistema de salud pueden ser cuantiosos y no solo es corrupción, es ineficiencia.

Según la mas reciente medición, en Colombia gastamos el 7.2% del PIB en pagar servicios de salud. Cuando aplicamos este porcentaje al PIB de 2016 estamos hablando de 62 billones de pesos. ¿Cuánto de este gasto es innecesario?

Recientemente la OCDE publicó un documento titulado “Tackling Wasteful Spending on Health”,  que en español podríamos traducir como “Enfrentando el desperdicio de recursos en Salud”, y cuyo tema central es recoger la experiencia de los países miembros de la OCDE en un tema que a los actores del sistema de salud les cuesta reconocer: una parte de los recursos en salud está siendo malgastada en servicios y procesos que no contribuyen o que empeoran el estado de salud de los pacientes. Además, la mayoría son evitables.

De acuerdo con el informe se pueden distinguir tres principales niveles de desperdicio de recursos. El primero: situaciones en las que los pacientes no reciben la debida atención por motivos que pueden ser evitados, desembocando en efectos que no representan beneficios. En esta categoría están, entre otros, los costos asociados a errores clínicos como una cirugía innecesaria o la remoción equivocada de un órgano. También los costos de los efectos adversos de una hospitalización como las infecciones adquiridas en el mismo hospital. Otra fuente es la prescripción excesiva y el uso inapropiado de antibióticos. Lo que genera tanto costos privados como sociales, puesto que incrementa la resistencia antimicrobiana.

El segundo nivel se da cuando los pacientes reciben el tratamiento adecuado pero a un costo superior al de otras alternativas que logran los mismos beneficios. Un ejemplo claro de esta situación es el uso de medicamentos de marca sobre medicamentos genéricos. Otro ejemplo son las excesivas visitas  a los servicios de urgencias y los periodos de hospitalización extensos.

El tercer nivel esta asociado con los costos administrativos del sistema, en Colombia se permite hasta un 10% a cada EPS, pero en los países de la OCDE el promedio llega a ser 3%.

En total se estima que todos estos gastos innecesarios oscilan entre un 3% y un 8% con un promedio de 6% del gasto total en salud. Si Colombia esta en el promedio, eso significa unos 3.7 billones de pesos. Sí, usted leyó bien, ese podría ser el monto del despilfarro de recursos en el sistema de salud. Cabe recordar entonces la famosa máxima de la economía “la ineficiencia de unos, es la utilidad financiera de otros”.

Responsabilidad del sistema financiero con el adulto mayor

(El Mundo, abril 20 de 2017)

Colombia envejece a tasas aceleradas. Mientras que a Francia le tomó 115 años doblar la participación de la población mayor de 65 años de 7% a 14%, a Colombia le tomará sólo 20 años.

Existen muchas dimensiones del envejecimiento. Las buenas tienen que ver con la posibilidad de ver y vivir más eventos familiares: un nacimiento, una boda, unos grados, por ejemplo. También están los abuelos que se convierten en cuidadores de nietos. O los abuelos que gracias a una cierta solidez económica, se convierten en financiadores de sus hijos o nietos para que se consoliden.

Implícito en disfrutar las cosas buenas del envejecimiento están un estado de salud controlado y alguna seguridad financiera. Esto no es muy frecuente en Colombia. De acuerdo con cifras de OECD y BID, en 2010 el 45% de los adultos mayores en Colombia vivía en la pobreza. Gran parte de la política pública actual en materia de adulto mayor se concentra en programas para garantizar algún ingreso a estas personas. No obstante, dada la precariedad de los ingresos de la nación y los entes territoriales, los subsidios aún son muy bajos.

Pero nos equivocamos si creemos que la responsabilidad del empobrecimiento o de la caída en pobreza de los adultos mayores es solo individual o del gobierno. Otros sectores de la sociedad tienen una responsabilidad que deben asumir. En particular me quiero referir al sistema financiero.

De primera mano conocí el caso de una persona mayor de 80 años, cuyos ingresos de pensión no superaban los 3.2 salarios mínimos mensuales, que tenía 4 tarjetas de crédito (con tres entidades financieras diferentes) y un crédito rotativo con cupos aprobados de endeudamiento que sumados superaban los 142 salarios mínimos. Las entidades financieras de esta historia son las más grandes del país.

Este caso desafía toda la retorica de manejo de riesgo del sistema financiero y dice muy poco de la responsabilidad social del mismo sistema para con los adultos mayores. Cómo mínimo, el sistema en su conjunto debería establecer una política propia de revisar toda la cartera con las personas mayores de 65 años y analizar las condiciones de ingresos y gastos de este segmento de la población. Los adultos mayores pueden perder su capacidad productiva y cognitiva de manera muy rápida y ser altamente vulnerables y manipulables.

Los psicólogos han demostrado que los seres humanos somos débiles y que necesitamos políticas publicas y empresariales que nos protejan de nosotros mismos. El sistema financiero tiene una responsabilidad con el adulto mayor que no puede evitar.

Una prueba sencilla de pos verdad

(El Mundo, abril 6 de 2017)

Estamos en una época oscura, la llamada pos verdad o el anti intelectualismo. Y lo peor es que la educación no nos va a sacar del atolladero.

Cuando la opinión tergiversada reemplaza a los hechos y a la evidencia, entramos en la época de la pos verdad. Esta comprobado que los seres humanos somos flojos mentalmente, nos gusta gastar poca energía pensando, y por ello nos rendimos ante las historias. Nos encantan los atajos que nos llevan directamente al lugar que refuerza nuestras creencias. Esta es una época oscura, donde los contadores de historias han progresado tanto que se salieron de las pantallas de cine y televisión y se nos metieron en la democracia.

El expresidente Obama decía en un discurso que “en la política y en la vida, la ignorancia no es una virtud”. Muchos opinan sin saber de que están hablando. Eso, no es ser franco, ni tampoco ser una persona que va en contra del establecimiento. Realmente es ignorancia. La ironía es que en ningún momento de la humanidad se han tenido mejores datos, mejores científicos, mas cursos en línea y más información que los que se tienen hoy. Y sin embargo el anti intelectualismo esta ganando la batalla.

En ningún momento de la humanidad hemos avanzado tanto en educación, al menos si se mide por el número de años que la gente pasa en las aulas de clase. Y sin embargo, toda esta escolaridad no nos esta sirviendo para discernir los hechos y las verdades en las historias que nos cuentan. Es posible entonces que sea una falla misma del sistema educativo, tan concentrado en que memoricemos cosas. Y también de su esquizofrénica manía de alejar y no de acercar la matemática y la estadística al estudiante del común.

Hace poco un senador escribió un tweet que decía “15 departamento por encima de la media nacional en materia de desnutrición, incluido Bogotá”. Este podría ser el test mas sencillo que podríamos hacernos para saber que tan vulnerables somos ante la pos verdad. Si usted amigo lector se indigno por ese tweet y esta dispuesto a salir a las calles esta siendo claramente manipulado.

Creo que el triunfo de la pos verdad es en parte responsabilidad del sistema educativo. Y la verdad, parece poco factible que este reconozca sus culpas. La pos pos verdad tendrá que venir de los mismos creadores de la pos verdad, arrepentidos de su engaño y manipulación, cuando vean lo que han hecho con sus mentiras. 

Administraciones públicas latinoamericanas

(El Mundo, marzo 23 de 2017)

Se acaba de publicar el informe “Panorama de las administraciones públicas: América Latina y el Caribe 2017”. Este informe, realizado por la Ocde y el BID, analiza a los gobiernos de nuestros países (ALC en adelante) usando 45 indicadores. El informe tiene seis grandes conclusiones.

La primera: “El estado es mucho más pequeño en promedio en la región de ALC que en los países de la Ocde”. Dos indicadores muestran esto: el tamaño promedio del gasto público es 31% en el PIB, mientras que los países de Ocde tienen un 41.5%; el gasto en beneficios sociales es 8.7% del PIB en LAC, mientras que en Ocde es 16.9%.

La segunda: “La política fiscal juega un papel más limitado en la distribución del ingreso en ALC que en países Ocde en promedio”. Mientras que las políticas de gasto en los países Ocde ayudan muchísimo a redistribuir el ingreso, disminuyendo el coeficiente de Gini en 17.8 puntos, en los países LAC esta misma política solo lo reduce en 2.8 puntos. Este es quizá el mensaje más poderoso del informe y el mas preocupante.

La tercera: “Los sistemas de salud en la región de ALC están altamente fragmentados en términos de prestación de servicios y financiación”. Así, el informe alerta sobre la existencia de enormes ineficiencias en nuestros países. Colombia, no es ajena a esta conclusión, pero a decir verdad, estamos mucho mejor que nuestros vecinos.

La cuarta: “Los gobiernos de la región de ALC deben de crear aún una cultura de evaluación de políticas, lo que puede hacer mucho para mejorar el diseño e implementación de las mismas”. Esta es para mi otra conclusión muy importante, nuestros gobernantes siguen moviéndose por instintos y por intereses y no por datos y por estrictas evaluaciones de sus políticas.

La quinta: “El liderazgo del Centro de Gobierno y su rol de coordinación han aumentado, pero se centran principalmente en el cumplimiento de procesos y no en el contenido de las políticas”. Esta conclusión va muy en la línea de la anterior, los gobiernos latinoamericanos gastan más tiempo preocupados por los procesos que por los efectos de las políticas que promueven.

La sexta: “El uso de la contratación basada en el mérito ha mejorado en la región, mientras que la evaluación de desempeño y gestión de compensación requieren un mayor desarrollo”. Aquí el informe destaca un incremento en la calidad de los empleados públicos, pero también indica que estamos lejos de un verdadero servicio civil de calidad.


En resumen, la administración pública de la región avanza pero aún estamos lejos de los estándares del desarrollo. Un informe recomendado.

Menos es mas

(El Mundo, marzo 9 de 2017)

Un viejo principio de la economía reza que a más competencia mayor eficiencia en los mercados. Desafortunadamente mas gente haciendo las mismas cosas no significa competencia. En muchas ocasiones la competencia entre menos es más benéfica para el bienestar colectivo.

En Colombia hay ejemplos de organizaciones que funcionarían mejor si fueran menos. En esta columna quiero analizar dos: las EPS y el Congreso.

De acuerdo con el Ministerio de Salud en Colombia existen 49 EPS habilitadas, de las cuales 14 atienden la población del régimen contributivo y 35 atienden la del régimen subsidiado. La situación financiera de estas entidades en total es deficitaria, en total las EPS necesitaban al corte de diciembre de 2015, $5.5 billones para tener el mínimo de solvencia patrimonial requerido por la ley. Los datos de 2016 no se conocerán pronto, pero ya se sabe que no fueron muy positivos.

Este problema no es generalizado, hay cuatro o cinco EPS en el país que tienen margen de solvencia y que además tienen a su población en un buen estado de salud. ¿Que quiere decir esto? Que es posible hacer bien la tarea, pero también que muchos no entendieron o fracasaron en la misma. Y en concordancia la solución es menos EPS pero manejadas por los que saben.

Una situación similar se presenta en el congreso de Colombia. Muchos quieren acabarlo, pero esto no es una solución factible en nuestra democracia. Ya se ha revocado el mandato anteriormente y esto no ha resuelto el problema. Otros piden disminuir el salario de los congresistas, pero eso no pasa de ser una respuesta visceral a la indignación. Aquí también, ya lo sabemos, hay buenos congresistas. En total hay 268 congresistas, 102 senadores y 166 representantes. Me parece que una mejor solución sería eliminar la circunscripción nacional para Senado y disminuir drásticamente el número de congresistas a 1 o 2 por departamento, tanto en senado y cámara. Los congresistas y sus acciones serían mucho más visibles. La prensa local podría hacerles un seguimiento más preciso. Además por ser menos, podría ser más expeditas las investigaciones de Fiscalía y Procuraduría, para condenar a los corruptos.

Un mal que tiene Colombia es la proliferación de gente haciendo lo mismo y en muchos casos haciéndolo mal. No se puede caer en la generalización y simplemente pedir borrón y cuenta nueva. Más bien se trata de aumentar los mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas. Para lograr esto creo que menos es más. 

El experimento más grande

(El Mundo, febrero 23 de 2017)

El pasado viernes 17 de febrero comenzó el experimento más grande en materia del sistema de salud en Colombia. Aunque no lo creamos los ojos del mundo están puestos en nosotros.

La Ley Estatutaria de Salud de 2015 ordenó acabar con el POS cómo lo conocemos, una lista de medicamentos y servicios médicos que cubre el sistema con recursos que provienen de cotizaciones y de impuestos. El experimento consiste en no tener una lista definida, sino más bien una lista de cosas excluidas. Para estas cosas excluidas se tendrá un mecanismo participativo que deje de una buena vez sentado porque no deben ser cubiertas con los recursos de nuestros impuestos.

Los ojos del mundo estarán muy atentos a lo que pase en Colombia con este experimento, sobre todo porque es la primera vez que un sistema de salud se basa en la autoregulación de los médicos. Y debe decirse que conceptualmente esto está muy bien y es la solución de largo plazo a los problemas de oportunidad, acceso y sostenibilidad financiera del sistema. Así como la solución al problema de sociedades y democracias corruptas es una ciudadanía educada y comprometida con el bienestar colectivo. El problema es que los comportamientos e incentivos individuales no están siempre alineados con el bienestar colectivo.

Para detener el individualismo y afán de enriquecimiento el experimento incluye un sistema de información llamado MIPRES donde sabremos que medico ordenó que medicamento, y una limitación adicional y es que en Colombia sólo se podrá ordenar aquellos que esté aprobado por el INVIMA para los usos que este indique. Así se controlará la autoregulación.

El experimento, como todo experimento, puede salir mal, bien o no pasar nada. Salir mal significa que se dispare el gasto en salud, y con unos ingresos insuficientes, que la crisis financiera del sistema se profundice. Pero como los sistemas de salud y el derecho a la salud son “demasiado grandes para dejarlos desaparecer” las consecuencias serán listas de espera más largas, e indefectiblemente aumento en impuestos, en contribuciones y en gasto de bolsillo. Si el experimento sale bien Colombia habrá encontrado la fórmula para controlar el gasto en salud, un problema que preocupa a todos los países del mundo.

Y finalmente el experimento puede ser infructuoso, no cambiar nada. Todo es posible, porque estamos al frente de un experimento. Cada uno tiene sus teorías, pero la verdad tendremos que darle unos meses para saber si sirvió, si fracaso o sí no pasó nada. 

Dentro de un trumpista

(El Mundo, febrero 9 de 2017)

Las portadas de las revistas intelectuales más importantes del mundo tienen por estos días un tema en común: señalar al presidente Trump como un hombre loco y peligroso.

Pero se les olvida a estos medios que cerca del cincuenta por ciento de los estadounidenses votaron por el, y que por tanto en una democracia, los verdaderos hombres y mujeres locos y peligrosos son los que votaron por el. Se pregunta uno, ¿cómo es un trumpista? ¿cuales son sus preocupaciones?.

Un magnifico articulo de Rick Perlstein en el Magazine Mother Jones describe el perfil de un votante típico norteamericano que favoreció a Trump. Estas personas viven en pueblos pequeños, rurales y con condiciones urbanas y climáticas muy lejanas a las de las ciudades elegantes de las costas (Nueva York, Los Ángeles, Miami o San Francisco para nombrar algunas). Para las personas de estos lugares dos o tres décadas atrás había industrias, pequeños negocios y una economía local con empleo. No eran lugares perfectos pero se podía llevar una vida digna. Luego llego la globalización, se cerraron las industrias, se cerraron los negocios, y las personas empobrecieron.

Este tipo de ansiedad económica es la que explica en buena medida la actitud de quienes votaron por Trump: “si no nos queda nada, votemos por Trump como un acto de venganza 
contra las políticas neoliberales que permitieron que esto sucediera”.

Esa actitud antigobiernistas también se expresa en la defensa de unos valores morales muy arraigados en estas sociedades rurales o semirurales como lo son la condena al aborto y a la homosexualidad. Para estas comunidades, que el gobierno a punta de leyes trate de someter y quebrantar sus creencias es una afrenta muy grande.

Es cierto, y esta demostrado por estudios, que el gran lunar de la globalización ha sido la concentración del ingreso. Y la ironía esta en que el otro perfil del seguidor de Trump son precisamente esos empresarios que gracias a la globalización se han hecho inmensamente ricos, y quieren a toda costa menos impuestos y menos competencia.

Así pues, la elección de Trump es la venganza de los más ricos y los más pobres, contra una clase media educada y con principios liberales que no se ha puesto en los zapatos de los demás. Los Trumpistas no están ni locos, ni son peligrosos, son la otra mitad.