Cuidar el Índice Sintético de Calidad Educativa

(El Mundo, Marzo 26 de 2015)

El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) puede revolucionar el sistema educativo, pero también puede promover acciones no deseadas, contrarias a la política. Saber cuáles son puede ayudar a que la política sea más exitosa. Esta es la enseñanza que han dejado iniciativas similares en otros partes del mundo. La nueva política educativa consiste en un programa de pago por desempeño basado en un índice, el cual irá de 1 a 10 y tendrá cuatro componentes: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Los dos primeros se determinarán a partir de las pruebas Saber, el tercero del sistema de matrículas del MEN, y el último de los cuestionarios anexos de factores asociados que diligencian los estudiantes de quinto y noveno cuando se presenta el examen. Sí el colegio mejora de una período a otro, por ejemplo pasa de 5 a 6, habrá un premio en dinero para todos los colaboradores del plantel.

En Estados Unidos, en 2002, bajo el gobierno de George W. Bush, fue aprobada una política pública similar llamada “Ningún niño dejado atrás”, con el objetivo de aumentar el nivel académico de todos los niños y disminuir las brechas entre grupos socioeconómicos. En este caso se condicionó la ayuda financiera para aquellas escuelas que mostraran progreso y, también se definieron castigos, incluso llegando al cierre de las instalaciones para aquellos que no mostraran progreso en tres años seguidos.

Hace unos años publiqué con la profesora Lina Martínez un artículo resumiendo lo que puede salir mal con este tipo de iniciativas según lo documentado por investigadores norteamericanos. En general, se demostró que la política motivó acciones no deseadas por parte de algunas escuelas para cumplir con el progreso anual establecido. Entre los cambios que se documentaron se encuentran: (i) concentración excesiva de tiempo y recursos de la escuela en enseñar o entrenar a los niños en como tomar pruebas estandarizadas; (ii) suspensión arbitraria de estudiantes con bajo rendimiento para evitar su presencia el día de la prueba; (iii) indebida injerencia de los profesores sobre sus alumnos en sugerir respuestas a las preguntas; (iv) y manipulación de resultados.

En general, el problema con este tipo de políticas es que la gente se obsesiona demasiado con los indicadores en aras de lograr el número deseado, descuidando aquello que no se mide. El otro problema es que implícitamente se señala a la escuela cómo única responsable del rendimiento académico de los niños, sin tener en cuenta que la otra parte del proceso de aprendizaje está en la casa, en el barrio, en la motivación del estudiante. El efecto de vivir en un entorno que no promueva procesos de aprendizaje (padres capaces de ayudarlos con las tareas, pobreza, falta de motivación, etc) es tan negativo como ir a una mala escuela. Medir es siempre muy bueno, así que el ISCE es un gran avance. Prevenir posibles consecuencias inesperadas como las señaladas aquí ayudará a tener una política pública más fuerte y con mejores resultados. 

Hora de desregular algunas profesiones

(El Mundo, 12 de Marzo de 2015)

Una joven economista brillante, con excelentes notas y recomendaciones de sus profesores, recién egresada del mejor programa de pregrado en economía (medido de manera objetiva por todos los rankings disponibles) de su país quiere trabajar para el gobierno y no lo puede hacer inmediatamente. La razón es una ley absurda que obliga al gobierno a contratar economistas sólo sí estos tienen la matricula profesional que por ley sólo puede dar el Consejo Nacional Profesional de Economía. La ley no aplica para el sector privado, creando un desincentivo para trabajar en el sector público.

Esta situación real, en la que el gobierno se autoimpone una barrera innecesaria a la contratación de talento humano, obliga a preguntarse ¿es hora de desregular unas cuantas profesiones?

Históricamente, la regulación de las profesiones comenzó con el interés genuino de evitar a los impostores. Antes de 1800 existían pocas profesiones y entre ellas sólo la medicina, las leyes y la teología tenían instituciones que las regulaban. Pero con el paso del tiempo el número de profesiones y de profesionales ha crecido rápidamente.

Con la diversidad de profesiones nacieron las sociedades de profesionales como cuerpos de autorregulación, dedicados a establecer estándares y códigos de conducta. Mas adelante algunas profesiones alcanzaron a presionar lo suficiente a los legisladores como para elevar a nivel de ley la exigencia de certificar sus títulos. Visto desde la teoría económica estas leyes están motivadas por intereses poco altruistas: generación de rentas y creación de monopolios. La posibilidad de controlar el número de profesionales está asociada a ingresos superiores a los que se pagarían en un mercado no regulado.

Pero cuando, como en el ejemplo inicial, el número de profesionales es lo suficientemente amplio y la ley sólo aplica para trabajar en el sector público, los cuerpos profesionales se convierten en meros notarios, cuyo único trabajo es extraer una renta a manera de inscripción en un listado.

En el mundo moderno, donde la información es mas que abundante, y el conocimiento traspasa las líneas invisibles de las profesiones, mantener la regulación de matrículas profesionales para ciertas carreras raya en el absurdo. Hay ingenieros que son mejores economistas que los mismos economistas.

Para ser justos, la regulación sí es justificable en aquellas profesiones donde la práctica profesional pone en peligro la vida de otros seres humano, como lo puede ser la medicina o la odontología.

En todas las demás profesiones, y muy especialmente en las ciencias sociales, incluyendo la economía, las finanzas y el derecho, mantener requisitos de matrícula profesional es un anacronismo que merece ser desregulado. El mercado sabe y puede hacer la tarea mucho mejor.