Salud y transparencia

(El Mundo, diciembre 28 de 2017)

Creo que el personaje del año en Colombia es la corrupción. Siempre ha estado ahí, pero ahora que los medios y las entidades de control lo han convertido en el enemigo número uno, existe un chance para atacarla con más fuerza. Siempre he insistido que los corruptos son transversales, es decir, a ellos no les importa el sector en el que van a trabajar, le roban a la infraestructura, a la educación, a la salud, al medio ambiente, etcétera.

Precisamente sobre la corrupción en el sistema de salud colombiano, se ha publicado recientemente un informe muy interesante del Grupo de Economía de la Salud – GES- de la Universidad de Antioquia y el Proyecto ACTUE Colombia. El informe trae los resultados de una encuesta en la que participaron 3215 personas.

Para los encuestados el orden de corrupción (de mayor a menor) en el sector salud va así: alcaldías, gobernaciones y secretarias de salud; hospitales públicos; EPS; Ministerio de Salud; y Superintendencia de Salud. Todos con un porcentaje mayor a 75%, es decir, para 3 de cada 4 participantes son percibidas como instituciones corruptas. Los menos corruptos son los usuarios y los profesionales de la salud, aunque con niveles superiores al 55%. 

Esto es muy diciente y nuevo. Los medios nos pintan a los usuarios y los médicos como víctimas, pero la gente que está adentro y conoce el sistema percibe que no los son, al menos para 1 de cada 2 personas es así.

La corrupción es aceptada socialmente, es la conclusión de más del 80% de los encuestados. Y aunque la gente no cree que sea necesaria para resolver problemas del sistema de salud (más del 76%), ante hechos concretos justifica actos de corrupción.

Un ejemplo de la encuesta cuantifica de manera muy interesante el problema: “Un usuario (adulto mayor) logra recibir mediante tutela 30 pañales diarios para atender problemas de incontinencia urinaria y vende 20 pañales para pagar a quien lo cuida”. Aquí el 33% de las personas reconoce el acto de corrupción pero lo justifica y el 15% ni siquiera lo considera como un acto de corrupción.

El informe trae muchos más ejemplos de los problemas del sector y al comparar percepción con experiencias concretas muestra que las dos coinciden relativamente, es decir, no es solo de oídas es vivida. Para rematar, hay poca denuncia y la efectividad del castigo es baja. Con este panorama concluyo que la plata mejor invertida en el sector salud es aquella en atajar y castigar casos de corrupción.