Santos eleven

(El Mundo, abril 19 de 2018)

En el año 2001 se estrenó una película de Hollywood llamada “Ocean´s eleven” que se tradujo como “Hagan Juego” para los mercados latinoamericanos. La película se trataba de un carismático ladrón de apellido Ocean que a pocos días de salir de la cárcel logró reunir los mejores once hombres con el objetivo de hacer un robo histórico a un casino de la ciudad de Las Vegas. Al final de la película Ocean, el estratega, consigue su objetivo.

El presidente Santos es un hombre conocido por ser extremadamente inteligente y estratégico. Así que cabe la posibilidad de que todo lo que está pasando con la guerrilla colombiana sea la mejor jugada de ajedrez jamás antes vista en Colombia. Hay elementos de la historia actual del país que parecen un guion cinematográfico, y que van apareciendo en escena, al parecer de manera no relacionada, pero que quizá luego entenderemos como parte de un mismo plan.

Imaginemos que el objetivo final es que los cabecillas de la guerrilla terminan pagando ante la justicia norteamericana los crímenes que cometieron durante más de cincuenta años en Colombia. El plan comienza con un largo proceso de negociación que desemboca en un acuerdo de paz, cuya redacción parece garantizar a los guerrilleros que quedaran protegidos de pagar cárcel y de pagar de manera seria por sus crímenes. De esta forma, aunque con un tropiezo en las urnas (en toda película siempre hay cosas que no salen al dedillo), los guerrilleros se desmovilizan, entregan las armas y entran a la vida civil.

A la vez, unos meses antes de la firma del acuerdo, el presidente Santos hace que quien fuera su mano derecha y su superministro Néstor Humberto Martínez, quien defendió la paz a capa y espada sea nombrado Fiscal General de la Nación. Que mejor que un defensor de la Paz en la cabeza del ente acusador.

La jugada se empieza a develar cuando una vez en la vida civil, tanto a los grandes como a los pequeños el gobierno les incumple las promesas del acuerdo. Y se hace aún más clara cuando sin vacilaciones infiltran a los capos de la guerrilla, y la fiscalía con ayuda del gobierno norteamericano (o viceversa) descubren que uno de ellos sigue siendo parte de las redes del narcotráfico.

Si caen más cabezas de guerrilleros y terminan extraditados y pagando cárcel en los Estados Unidos la jugada será simplemente maestra e histórica. Santos pasara de ser el presidente que se despida con la más baja aceptación a ser el héroe que desmovilizó a la guerrilla, dejo sentada la estrategia para que fueran extraditados por el siguiente gobierno y en el camino le regalo el segundo premio nobel a Colombia.

Innovar en la financiación pública

(El Mundo, abril 5 de 2018)

La inseguridad en las ciudades sigue siendo uno de los problemas que más preocupan a los colombianos. Es claro que la fuerza pública es insuficiente y que este hecho es aprovechado por los delincuentes para desprender a los ciudadanos de su propiedad privada. Es claro también que los presupuestos públicos son limitados y deben repartirse entre los distintos bienes y servicios que como ciudadanos demandamos de nuestros gobiernos locales: salud, educación, infraestructura, transporte masivo, justicia, etcétera. También es un hecho demostrado que en Colombia somos campeones de la elusión y de la evasión tributaria. Finalmente, muchos argumentan que evaden o eluden impuestos porque teme que los corruptos se los roben, en otras palabras, porque no los ven reflejados en bienes públicos.


El gobierno nacional ha comenzado a entender que es posible romper este círculo vicioso. El programa “Obras por Impuestos” conecta al contribuyente directamente con obras de impacto visible. El programa aplica para las zonas afectadas por el conflicto, pero como idea podría expandirse a las ciudades para atacar los problemas que mas apremian a nivel local, al nivel de comuna o incluso de barrio.

En el tema de la seguridad urbana podría ser un primer experimento. La experiencia de grupos civiles armados es nefasta y ha mostrado ser peligrosísima. Pero, lo que si podría hacerse es financiarse con recursos de la comunidad o del barrio directamente a la policía para que cubriera una zona especifica e hiciera presencia permanente. Habría que afinar el valor que cobraría la policía por este servicio y la forma en que las comunidades pudieran descontarse este valor de sus impuestos.

Pero sería una forma de aumentar el pie de fuerza policial, en el marco de la institucionalidad vigente, con recursos públicos pero gestionados directamente por la comunidad con efectos visibles directa e inmediatamente. Podría por ejemplo rodearse permanente los colegios o escuelas, los parques o los lugares de mayor circulación. Este modelo podría extenderse a otros servicios financiados con recursos públicos que son claves para mejorar la convivencia en las ciudades. La movilidad, es otro de ellos. Por ejemplo dedicando agentes de transito exclusivamente a ciertas zonas donde las personas no cumplen las reglas de transito.


En general, tenemos que innovar en la forma de financiar un aumento en el numero de servidores públicos necesarios para una mejor convivencia en comunidad, con modelos de gestión donde los ciudadanos ven sus impuestos reflejados inmediatamente en solucionar los problemas que mas les aquejan.

Mejor debatir evidencia que ideas

(El Mundo, marzo 8 de 2018)

En respuesta a la compra de votos, a las maquinarias y a la forma de hacer política tradicionalmente en Colombia, en época electoral, la gente repite una frase sin cesar: “debatamos ideas y no ideologías” o “debatamos las propuestas”. Puede que las ideas y las propuestas sean sujetas de debate, pero ese debate sigue siendo inocuo. Se hace sobre conceptos etéreos y abstractos. Y en últimas termina ganando el mejor orador, el mejor contador de historias, y no el mejor implementador.

Desde nuestra vida personal hasta la vida pública, todos hemos visto grandes ideas colapsar por su propio peso o por su propia ingenuidad. En el mundo de las ideas impera la lógica. Pero la lógica es la más mala consejera en materia de política pública. Está plagada de supuestos, de atajos mentales que tomamos para ganar en el debate de las ideas, pero luego perdemos en el mundo real.

El pico y placa es un buen ejemplo. La lógica decía que mejoraría la movilidad y el medio ambiente en las ciudades si se sacaban los carros de circulación. El supuesto era que la gente tomaría transporte público. La realidad fue otra: la gente compro un segundo carro, más viejo y más contaminante. Así, hay muchos ejemplos de cosas que en abstracto debían funcionar y no funcionan.

Por esa razón, lo que deberíamos debatir es la evidencia, los estudios, los datos. Obviamente, en Colombia, eso es posible solo a medias. La investigación en políticas públicas y la evaluación de sus impactos es costosa, y por ahora, monopolio del gobierno nacional, con unas contadas experiencias a nivel regional. Adicional a que la evidencia es escasa, muchas veces no se comunica al público de una manera sencilla.

Tomemos el debate sobre subir o no la edad de jubilación. Los números no mienten. El sistema de prima media está quebrado, además está quebrando al erario público, y para completar es altamente inequitativo. Además la población cada vez envejece más y con mejor salud. Los países desarrollados ya tienen edades más altas e iguales para hombres y mujeres.

En fin, los debates deberían darse sobre las cifras y los cálculos y la evidencia existente. Y cada candidato presidencial debería partir de ahí para hacer su propuesta. Lo demás es un ejercicio retorico que lo único que hace es polarizar más la opinión, porque siempre invita a estar de acuerdo o en desacuerdo. 

Informalidad

(El Mundo, febrero 22 de 2018)

Para los economistas y en general los analistas del mercado laboral, la informalidad es el principal mal que aqueja a nuestro país. El DANE, acogiéndose a la normativa internacional de la OIT define como trabajador informal a aquel que trabaja en una empresa de hasta cinco empleados excluyendo los independientes que se dedican a su oficio y a los empleados del gobierno. Por otra parte, también se considera informal a aquellas personas que no gozan de protección social, es decir, afiliación a una EPS y al sistema de pensiones.

De acuerdo con el más reciente boletín estadístico del DANE, la proporción de ocupados informales en las trece ciudades y áreas metropolitanas más importantes del país fue 47,2% para el trimestre octubre-diciembre de 2017, mientras que para el total de las veintitrés ciudades y áreas metropolitanas más grandes del país fue 48,3%. Esto quiere decir, de manera general, que la mitad de la gente que trabaja en este país esta desprotegida. Ahora bien, eso no quiere decir que son pobres, bien es sabido que la pobreza monetaria en Colombia es de 28%. Es decir, muchas de estas personas, podrían estar simplemente escondiendo sus ingresos para no pagar impuestos ni contribuir a la vaca común de la sociedad. Ese es un problema serio, porque ambos sistemas, el de salud y el de pensiones están quebrados en alguna medida por evasión y elusión.

Para las personas que no tienen la posibilidad de tener un empleo de calidad y cuyos ingresos son muy bajos, se configura una doble penalidad. Y la solución es compleja. Es fácil decir desde la tarima política “vamos a crear más empleo formal”, sin embargo el empleo no se crea por ley o por decreto, lo crean los empresarios. Y los empresarios solo contratan si hay rentabilidad, lo cual no se crea por decreto.  

Pero hay otra informalidad que es también muy dañina. Según el diccionario de la lengua, informal es aquella persona “que no guarda las formas y reglas prevenidas”. Al salir del país a cualquier lugar del mundo desarrollado, se hace evidente que todo comportamiento social y cívico tiene unas formas y unas reglas, y que esto es la base de orden social. En Colombia, por alguna razón cultural somos demasiado informales. No seguimos reglas. Hay  mucha improvisación. No hay datos. Hay demasiada espontaneidad. Hay muchas cosas implícitas. Predomina el “aquí lo hacemos así, y que?”. 

Después de la corrupción, la informalidad es el principal problema de Colombia.

La lucha contra el crimen

(El Mundo, febrero 8 de 2018)

El crimen esta disparado en las ciudades. Al menos eso es lo que la prensa y las redes sociales nos hacen pensar. Los secretarios de seguridad de las capitales alegan que esto es pura percepción. Las cifras, dicen, marcan una tendencia decreciente. Lo cierto es que casos como el de la mujer embarazada que fue agredida a tiros en Bogotá, queda la sensación de que la pena de muerte es poco para amedrentar a los envalentonados delincuentes modelo 2018.

Se pregunta uno ¿cuáles son las políticas efectivas, las que funcionan para bajar la criminalidad?. Un par de investigadores, Chalfin y McCrary, revisaron los estudios estadísticos que se han hecho al respecto y publicaron sus hallazgos en 2017 en el Journal of Economic Literature.

La teoría más básica para explicar por qué algunas personas deciden cometer un crimen, radica en entender al criminal como alguien que hace un análisis de costos y beneficios de su acto. Donde los costos implican el ser capturado y la pena que recibirá, y los beneficios el dinero o la satisfacción (revancha, por ejemplo) que se obtendrá por el crimen. Con base en esta teoría, el aumento en el pie de fuerza policial y el aumento de oportunidades legales de hacer dinero, aumentarían los costos de ser criminal y disminuirían la probabilidad de que más personas se decidan a delinquir.

Los investigadores llegaron a tres conclusiones después de revisar criticamente todos los estudios publicados. La primera es que existe solida evidencia de que la inseguridad baja cuando aumenta el pie de fuerza policial, sin embargo esta relación no es perfecta. Quiere decir que un policía más no significa un crimen menos. Por cada cien por ciento de incremento en el pie de fuerza los crímenes se reducen entre un veinte y un cuarenta por ciento.

La segunda es que el endurecimiento de las penas a nivel judicial, aunque tiene un efecto positivo no parece ser muy importante. Mejor dicho, los delincuentes no leen mucho las noticias. Lo que sí parece ser más efectivo es enfocarse en los criminales que repiten, por ejemplo endureciendo las penas cuando hay reincidencia. La tercera conclusión es que una economía con mayores oportunidades laborales también ayuda a reducir los delitos, pero solo los delitos menores.

En conclusión, para estos tiempos, la respuesta es más pie de fuerza. Eso es costoso en términos de gasto público, pero rentable tanto en reducción de crímenes como en aumento de percepción de seguridad.

Homicidios, bienes públicos y salud

(El Mundo, enero 25 de 2018)

Actualmente, más del 80% de los pobladores viven en las grandes urbes. Las ciudades atraen un gran número de personas debido a un mayor acceso a bienes y servicios públicos y privados, tales como educación, salud, sanidad, transporte y seguridad. Sin embargo, prestar estos servicios es costoso para las ciudades y por ende hay diferencias por comunas en acceso y calidad de dichos servicios. La prestación de servicios públicos insuficientes y deficiente, dado la poca oferta o la capacidad para brindar una prestación adecuada pueden afectar el estado de salud de los individuos.

Por ejemplo, en el caso del sobrepeso, altas prevalencias de esta enfermedad podrían estar asociadas a la percepción de inseguridad en la ciudad y/o barrio de residencia. Los robos, el vandalismo y los homicidios pueden desalentar a las personas a realizar actividades deportivas como caminar, trotar, correr o jugar futbol en los parques públicos. Es decir, que a pesar de que exista la disponibilidad de los espacios públicos para las actividades físicas, la inseguridad podría impedir su utilización. Lo anterior, haría suponer que para quienes residan en barrios con altos índices de criminalidad o quienes no pueden acceder o pagar por un lugar privado de recreación, la situación de violencia y/o bajos ingresos tendría un efecto negativo en su salud.  

En un estudio reciente que publique con unos colegas en el Journal of Urban Health examine la relación entre altas de tasas de crimen, provisión de bienes públicos y sufrir de sobrepeso o problemas físicos o mentales en Cali. Entre los bienes públicos analizados estuvieron parques iluminados, espacio público adecuado por habitante y la existencia de estaciones de bus.

En el estudio encontramos que una mayor tasa de homicidios en la comuna donde se vive en Cali, aumenta la probabilidad de tener sobrepeso. No obstante, esta situación difiere por sexo. La percepción de inseguridad afecte el peso en los hombres mientras que la violencia en el barrio afecta la salud mental de las mujeres. En relación con la disponibilidad de bienes públicos, como parques y espacios públicos adecuados, estos reducen la probabilidad de que un caleño sufra de sobrepeso. Un resultado similar se encontró para la existencia de estaciones de buses en la comuna de residencia: a más estaciones menos problemas relacionados con salud mental y sobrepeso.

En conclusión, dirigir los esfuerzos gubernamentales hacia reducir los índices de violencia y hacia la provisión adecuada de bienes públicos repercute positiva y directamente en la salud y el bienestar de los ciudadanos en el corto y largo plazo.

Precios

(El Mundo, enero 11 de 2018)

En esta época del año los precios cobran un marcado interés entre los colombianos. Se combinan factores psicológicos y reales. El efecto final es el mismo, todos se quejan de los altos precios y piden a gritos que se controlen o que se regulen, menos uno, el de su salario o el que marcan los productos que venden y que determinan sus ingresos.

Acaba de salir el dato de inflación en Colombia para el año 2017, fue de 4.09%. Esto quiere decir que en promedio los bienes y servicios que consumen los colombianos crecieron en ese porcentaje entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Erróneamente los medios de comunicación asimilan el incremento de precios con el “costo de vida”. Coloquialmente funciona, pero técnicamente son conceptos muy distintos. El costo de vida es función de las cantidades y de los precios de los bienes y servicios consumidos, mientras que la inflación solo corresponde a los precios. Los hogares sustituyen unos bienes por otros como respuesta a cambios en precios, en gustos, en oferta, en ingresos, y en tantas otras variables. De forma que atribuir el alza del “costo de vida” a los precios es un simplificación inadecuada.

En diciembre la gente se queja de los altos precios de las cosas. En enero, una vez conocidos los datos de inflación y de salario mínimo, los precios se reajustan y también generan malestar. Pero la verdad es que ambos fenómenos son sanos. En diciembre los precios altos son explicados por una mayor demanda, más gente en busca de lo mismo. En enero, porque el costo laboral crece y con él los costos de producción.

Los precios son, para los economistas, el mejor y más eficiente mecanismo de asignación de recursos. Llevan cualquier cantidad de información en ambas direcciones entre compradores y productores. No obstante, si existen abusos. Estos se presentan cuando uno de los dos lados de la transacción, el vendedor o el comprador, tienen poder sobre el otro. Allí es justificado intervenir, o bien regulando el precio o bien disminuyendo el poder de quien lo ostenta. Para eso deben existir instituciones fuertes, en Ecuador su nombre lo dice todo “Superintendencia de Control del Poder de Mercado”, aquí la llamamos tímidamente Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La inflación en Colombia es un poco más alta de las metas pero está en niveles normales. Mire a Venezuela para que vea lo que es descontrol de precios. En fin, no se queje más de los precios. Si suben mucho, sustituya su consumo, si encuentra que son abusivos denúncielo ante la SIC. Y si son los suyos, no los suba tanto, recuerde que usted es el otro de los otros.