La economía compartida

(El Mundo, agosto 24 de 2017)

La economía compartida es un término genérico para describir transacciones entre personas, contrario a la tradicional que se da entre personas y empresas. Los casos de Uber y Airbnb son los ejemplos modernos más grandes y populares de este tipo de economía.

Esta economía es posible gracias a la tecnología actual y está desnudando las profundas ineficiencias de algunos mercados tradicionales. En palabras sencillas, esta ineficiencia se da cuando alguien puede producir el mismo bien o servicio a un precio más bajo o al mismo precio pero con un nivel de calidad muy superior.

El hecho de que alguien pueda tomar su carro y convertirlo en un negocio de transporte por unas horas o que alguien pueda convertir su hogar en un hotel por unas noches, revela que los activos de los individuos que se consideraban bienes de consumo en realidad pueden ser productivos. No es un descubrimiento nuevo, de tiempo atrás se alquilan habitaciones en casas o se hacen transportes. Lo verdaderamente novedoso es que ahora es masivo, es decir, un verdadero mercado con múltiples compradores y múltiples vendedores.

Hasta ahora la regulación de estos mercados esta dada por las reglas que la plataforma impone. Pero hay un elemento muy novedoso: la reputación individual. En esta economía, a diferencia de la tradicional donde usualmente el precio es la variable más importante se necesita construir una reputación con nombre propio. Tanto vendedores como compradores necesitan saber con quien están tratando y por ello se califican mutuamente.

Este elemento, la confianza entre las personas, me parece además que ayuda con algo que la economía de mercado tradicional destruyó: el tejido social. Dado que quien presta el servicio es una persona como uno, se abre la posibilidad de intercambiar con gente que quizá nunca habría conocido. No dudo que gracias a estas plataformas se hayan construido amistades y se estén tejiendo nuevas redes sociales.

La economía compartida es buena, pero tiene sus enemigos: aquellos que quedaron desnudos. A los que se les va a acabar el negocio de transferirnos la ineficiencia. Pero es tal la masificación de esta economía que sus enemigos no podrán con ella. Ya hemos aprendido en materia de regulación que prohibir mercados masivos solo produce mercados negros y peligrosos. Pienso que la forma de regular, aprovechando que todo es electrónico, es poner a pagar impuestos a cada transacción.

Tenemos que darle la bienvenida la economía compartida, creo que sus beneficios colectivos superan los costos individuales.

Acabar la cátedra

(El Mundo, agosto 10 de 2017)

En 2019 la Universidad de Vermont abolirá por completo la clase magistral o catedra como lo llamamos coloquialmente en las universidades colombianas. Otras universidades en Estados Unidos lo vienen haciendo en algunas facultades, por ejemplo la escuela de Medicina de Case Western Reserve University no tiene clases magistrales desde 2004.

La clase magistral es un invento del medioevo, por allá en el siglo catorce. La etimología de la palabra viene del griego lectus que significa “leer”. Como es obvio en el medioevo no existían múltiples copias del mismo libro y por ende el método más lógico de enseñar era el de un profesor lector y unos estudiantes tomando apuntes. Ochocientos años después, el método de enseñanza en muchas universidades sigue siendo el mismo.

Existen estudios suficientes para mostrar que el método de clase magistral es el más ineficiente. Es decir, tanto el profesor como los alumnos están literalmente perdiendo su tiempo. La retención de material por el alumno es muy baja y el nivel de frustración por parte del profesor es muy alto.

Existe una alternativa a la clase magistral que se llama el aprendizaje activo. En esta el profesor propone problemas a los estudiantes, teóricos o prácticos, y estos deben intentar resolverlos por si mismos o en conjunto con sus demás compañeros. 

¿Y porque entonces el mundo entero no se ha movido a la metodología activa? Por la comodidad que representa el viejo sistema. El aprendizaje activo es mucho más exigente para el profesor. Tiene que atender múltiples preguntas, de múltiples personas en simultánea, lo que vuele la clase difícil, especialmente cuando el nivel de los estudiantes varía demasiado. Además, preparar los distintos ejercicios toma más tiempo y dedicación.  A su vez, este modelo es más exigente para el alumno ya que debe llegar preparado a clase, cosa que muy pocos hacen.


El sistema educativo universitario está atrapado en un modelo medieval del cual debemos salir pronto. Algunas universidades en Colombia lo están haciendo. Acabar la clase magistral es imperativo, las universidades que avancen más rápido, le darán una ventaja tan alta a sus egresados en el mercado laboral que será premiada con creces con más matricula y mejores posiciones en los rankings. Es difícil pero por ahí es el camino.

Castigos colectivos

(El Mundo, julio 27 de 2017)

La legislación colombiana debería tener más castigos colectivos.

Hace unos años en una entrevista a la cadena de noticias CNBC declaró tener la formula para eliminar el déficit fiscal de EEUU. Era simple y directa: “Yo podría eliminar el déficit en cinco minutos. Sólo necesitamos aprobar una ley que diga que en cualquier momento que el déficit sobrepase el 3% del PIB, todos los miembros del Congreso no podrán reelegirse. En ese momento los incentivos estarán alineados”.

Aunque suena a chiste flojo, esta frase de Buffet tiene elementos muy importantes para resaltar. El primero es que en muchos escenarios donde los problemas parecen complicadísimos, hay soluciones muy prácticas, que sólo necesitan voluntad colectiva. Lo que Buffet dice es que se pueden diseñar reglas simples que sobreponen el bienestar común sobre el bienestar individual.

El segundo es el papel central del Congreso y los congresistas como cuerpo que pone orden en las reglas de juego de en un país. Y por ahí mismo, la necesidad de definir castigos claros para cuando los congresistas no cumplen con su labor de llevar al país por una senda sostenible. Ya he escrito anteriormente que rebajar el sueldo a los congresistas es un castigo simbólico e ingenuo. Es claro que los congresistas malos no viven de su sueldo sino de otras platas. Y también es claro que la democracia colombiana no castiga con el voto, por lo que se necesita una regla más general, anclada a desempeño que imponga disciplina colectiva.

En Colombia, de hecho, el poder ejecutivo si ha dado pasos en esa dirección. Hay que recordar que la ley 1473 de 2011 definió la regla fiscal, que exige al gobierno central reducir anualmente su déficit fiscal hasta llegar al 1% del PIB en 2022. 

Si echáramos una mirada a algunos problemas del país, podríamos casi replicar la frase de Buffet. En últimas, el ejemplo de Buffet y de la regla fiscal, señalan una línea de legislación que a mi modo de ver podría ser más efectiva para el contexto colombiano, generar sanciones y castigos más colectivos que individuales para los congresistas.

Acceso y excelencia no deben reñir

(El Mundo, junio 15 de 2017)

La universidad pública de excelencia no debería ser para unos pocos, todo lo contrario debería ser para muchos.

Cuatro hechos motivan esta afirmación. El primero es que en Colombia existen, medidas de manera objetiva, universidades públicas de excelencia. En todos los rankings internacionales siempre puntúan muy bien la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, por ejemplo.

El segundo es la frase del señor Luis Eduardo Gallego, director Nacional de Programas de Pregrado de la Nacional a la revista Dinero: “el cupo en la Universidad Nacional es un bien publico, es necesario garantizar que sólo entran los mejores”. El tercero es el numero de personas que aspiran a un cupo universitario en estas entidades y no lo obtiene, sólo en la Nacional se presentan anualmente entre 110,000 y 120,000 personas y solo son admitidas 10,000.  Finalmente, el cuarto es la clara preferencia por los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga por las universidades privadas.

Me parece una verdadera tragedia que cientos de miles de estudiantes que manifiestan su interés de estudiar en una universidad pública de excelencia sean descabezados por un “anacrónico” concepto de “aquí solo entran los mejores”. Para aclararle al señor Gallego, un bien publico es un bien que todos pueden disfrutar sin discriminación ninguna.

Es claro que la asignación presupuestal pública a las universidades públicas es poca y que estas hoy no podrían, aun sí quisieran, recibir cientos de miles de estudiantes nuevos. Y allí definitivamente tiene una buena responsabilidad el gobierno nacional y los gobiernos locales.

Pero también es cierto que esa idea de tener un club de exclusividad de mentes brillantes es discriminación plena y abierta. Qué distinta fuera la historia hoy en día con la universidad pública, si en lugar de tener esa actitud, hubieran abogado por un crecimiento paulatino e incluyente en los cupos, desarrollando modelos pedagógicos que nivelaran a aquellos estudiantes que no llegan en óptimas condiciones. Eso también es excelencia.

La universidad privada, que también las hay de excelencia, ha crecido gracias a ese vacío (en parte) y lo demuestra la demanda de los pilos por el sector privado.

Es sabido que un ciudadano que pasa por la universidad es un mejor ciudadano que uno que no lo hace. Haber cerrado las puertas solo para “los mejores” es un error histórico y es parte del rezago de la oferta de educación superior en el país. 

Clase social y salud

(El Mundo, junio 1 de 2017)

Todas las clases sociales han mejorado en sus indicadores de salud en los últimos 7 años, pero las brechas se amplían.

El Instituto Nacional de Salud a través de su Observatorio Nacional de Salud (ONS) ha publicado recientemente un estudio llamado “Clase Social y Salud”. Cabría esperar que la relación entre estas dos variables fuera directa, a mejor clase social, mejor estado de salud. Es bien conocido que a mayor ingreso, mejor nutrición y mejores hábitos de vida. Además, desde hace al menos un par de décadas, se sabe que la salud esta estrechamente relacionada con la posición en la escala social. El informe del ONS no es pionero en plantear la relación, pero si en cuantificarla para Colombia.

Una propuesta interesante del informe es que se aleja de la definición tradicional de clase social imperante en Colombia: el estrato socioeconómico.  En este informe, se adopta una definición que se basa en la ocupación, la posición y la rama de actividad económica. Así las cosas, las clases sociales son: Directivos, Profesionales y técnicos, Pequeña burguesía y trabajadores independientes no agropecuarios, Campesinos, Empleados, Obreros, Trabajadores Agropecuarios, Empleados domésticos y Otros trabajadores.

El informe halló “evidencia de amplias desigualdades según clase social en los indicadores de condiciones de vida, salud autopercibida, discapacidad y aspectos relacionados con la protección social, tanto en población general como en trabajadores”. Pero el estudio encontró mejorías en la mayoría de los indicadores cuando comparó la Colombia de 2008 con la Colombia de 2015, en cada clase social. Es decir, los Empleados de 2015 están mejor que los Empleados de 2008.

Desafortunadamente las ganancias en salud y calidad de vida, fueron mayores para las clases mas altas que para las clases más bajas, aumentándose así la desigualdad entre las mismas.

Las clases menos favorecidas según el estudio en Colombia son: los obreros agropecuarios, los campesinos y los trabajadores domésticos. Esto, resalta de manera objetiva el papel que juega la ubicación geográfica en la calidad de vida y el estado de salud.  Vivir en el sector rural en Colombia hace más probable llevar una vida con menor calidad y con menor salud.

Contrario entonces a la visión romántica de muchos, las opciones de política para mejorar la situación de las clases sociales menos favorecidas es la urbanización del campo. Es decir, la solución no esta en tener más obreros agropecuarios y campesinos, sino en tener menos. Y esto se logrará con inversión que lleve tecnología y mucha capacitación técnica.

Colombiano 2016

(El Mundo, mayo 18 de 2017)

Colombia sigue avanzando en calidad de vida según lo indican las cifras.     

Desde 1991 Colombia mide su calidad de vida a través de una encuesta que lleva el mismo nombre y que realiza el DANE. A partir de 2010 esta encuesta es anual y tiene representatividad para 9 regiones del país. Los resultados de la encuesta de 2016 han sido publicados recientemente. Gracias a esto podemos hacer un perfil con algunas de las características sociales y económicas del colombiano 2016. 

El colombiano 2016 vive en un hogar cada vez más pequeño. El número de personas por hogar promedio de una familia colombiana es 3.3, siendo menor el número en las ciudades (3.3) que en las zonas rurales (3.6). El hogar más común es donde viven “padres e hijos” (36%), pero resalta que el 25% de las personas viven “solas” o en “pareja y sin hijos”.

El colombiano promedio todavía prefiere la televisión al internet. Mientras que el 70% tiene suscripción a TV, el 46% tiene conexión a internet. Este último valor coincide perfectamente con el porcentaje de hogares que tienen computador: 45%.

El colombiano 2016 tenía 10 años promedio de escolaridad, es decir, llego hasta 9 grado o lo que para otros es cuarto de bachillerato. Pero la brecha entre campo y ciudad sigue siendo importante, más de dos años: 8.2 versus 10.4 respectivamente. El 84% de los estudiantes fueron a una entidad oficial, y de estos, el 97% no pago pensión.

El colombiano 2016 no paga hipoteca y no le alcanza la plata para ahorrar. De acuerdo con la encuesta sólo el 4% de los colombianos viven en “casa propia y la esta pagando”, mientras que la mayoría o vive en “casa propia y totalmente pagada” (43%) o vive en “arriendo” (37%). El hecho de que pocos estén endeudados tiene sentido porque según otra pregunta, para el 89% de los colombianos el ingreso del hogar solo alcanza para cubrir los gastos mínimos o no alcanza.

El colombiano 2016 se siente pobre. El 28% de los colombianos se consideran pobres, y esto es especialmente dramático en el campo donde el número sube a 56%.  

Y finalmente contrario a lo que vemos en los medios de comunicación, la gente se siente segura y además bien tratada por el sistema de salud. El 92% de los habitantes rurales indicó sentirse seguro, y en las ciudades así lo hizo el 80%. De forma similar, el 80% de las personas opinó que la calidad del servicio de la entidad de salud a la que están afiliadas era “buena” o “muy buena”. 

Desperdiciando el dinero de la salud

(El Mundo, mayo 4 de 2017)

Los desperdicios del sistema de salud pueden ser cuantiosos y no solo es corrupción, es ineficiencia.

Según la mas reciente medición, en Colombia gastamos el 7.2% del PIB en pagar servicios de salud. Cuando aplicamos este porcentaje al PIB de 2016 estamos hablando de 62 billones de pesos. ¿Cuánto de este gasto es innecesario?

Recientemente la OCDE publicó un documento titulado “Tackling Wasteful Spending on Health”,  que en español podríamos traducir como “Enfrentando el desperdicio de recursos en Salud”, y cuyo tema central es recoger la experiencia de los países miembros de la OCDE en un tema que a los actores del sistema de salud les cuesta reconocer: una parte de los recursos en salud está siendo malgastada en servicios y procesos que no contribuyen o que empeoran el estado de salud de los pacientes. Además, la mayoría son evitables.

De acuerdo con el informe se pueden distinguir tres principales niveles de desperdicio de recursos. El primero: situaciones en las que los pacientes no reciben la debida atención por motivos que pueden ser evitados, desembocando en efectos que no representan beneficios. En esta categoría están, entre otros, los costos asociados a errores clínicos como una cirugía innecesaria o la remoción equivocada de un órgano. También los costos de los efectos adversos de una hospitalización como las infecciones adquiridas en el mismo hospital. Otra fuente es la prescripción excesiva y el uso inapropiado de antibióticos. Lo que genera tanto costos privados como sociales, puesto que incrementa la resistencia antimicrobiana.

El segundo nivel se da cuando los pacientes reciben el tratamiento adecuado pero a un costo superior al de otras alternativas que logran los mismos beneficios. Un ejemplo claro de esta situación es el uso de medicamentos de marca sobre medicamentos genéricos. Otro ejemplo son las excesivas visitas  a los servicios de urgencias y los periodos de hospitalización extensos.

El tercer nivel esta asociado con los costos administrativos del sistema, en Colombia se permite hasta un 10% a cada EPS, pero en los países de la OCDE el promedio llega a ser 3%.

En total se estima que todos estos gastos innecesarios oscilan entre un 3% y un 8% con un promedio de 6% del gasto total en salud. Si Colombia esta en el promedio, eso significa unos 3.7 billones de pesos. Sí, usted leyó bien, ese podría ser el monto del despilfarro de recursos en el sistema de salud. Cabe recordar entonces la famosa máxima de la economía “la ineficiencia de unos, es la utilidad financiera de otros”.